Las nueve organizaciones regionales amazónicas integrantes del Consejo de Coordinación Ampliado (CCA) de AIDESEP se reunieron para evaluar los sucesivos recortes normativos de leyes y proyectos de ley que vulneran derechos indígenas y populares.
Las organizaciones rechazaron categóricamente los cuatro paquetazos ambientales: D.S. 054.2013-PCM, el D.S. 060-2013-PCM, la Ley 30230 y el Proyecto de Ley 3941 y denunciaron que estas medidas responden a la aplicación de la política racial estatal institucionalizada, que tiene como trasfondo la política del “perro del hortelano” y cuyos impulsores son los tecnócratas de los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, así como los empresarios extractivistas, de infraestructura, agronegocios, entre otros.
Alertaron que detrás de estas leyes están los intereses por la ocupación y la repartija de la Amazonía y otros territorios ancestrales de los pueblos indígenas, contraviniendo la obligación del Estado peruano de garantizar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales, llegando incluso a modificar la legislación peruana para criminalizar a los defensores de la Tierra acusándolos de usurpadores en sus propios territorios.
Como respuesta convocaron a los pueblos y comunidades indígenas a no retroceder, sino a identificar, mapear sus territorios, identificarlos y expresar ante las autoridades los territorios que ocupan haciendo respetar la posesión ancestral.
Así también convocaron a organizar los estatutos integrales por pueblos, como instrumento de defensa y supervivencia, que integren los estatutos comunales y federativos para la no parcelación individual, ni la venta, crédito o embargo de los territorios de los pueblos indígenas, sino que sean tomados por el conjunto de cada pueblo y no por comunidades o individuos aislados.
Reiteraron la demanda territorial de los pueblos indígenas amazónicos, olvidada o postergada por más de 20 años, que abarcan al menos 20 millones de hectáreas en 9 componentes: registro, titulación y ampliación de comunidades, territorio y titularidad integral, establecimiento de cinco reservas comunales, seis reservas territoriales, solución a la superposición ilegítima e ilegal de áreas protegidas sobre territorios indígenas, y rectificación de errores materiales en la georreferenciación y titulación de comunidades que lo han solicitado.
Las nueve organizaciones regionales solicitarán al Tribunal Constitucional su incorporación como demandantes de la acción judicial de inconstitucionalidad sobre la Ley 30230 y demandarán ante la ONU y la OEA los cuatro paquetazos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.
