“No aceptaremos esta vulneración de nuestros derechos y continuaremos defendiendo nuestra autonomía, dignidad, nuestros territorios y la biodiversidad. Ninguna dictadura ni mafias nos va paralizar ni someter”.
En un pronunciamiento público, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) expresó su firme rechazo a la reciente modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aprobada el 12 de marzo por el Congreso de la República.
La Nación Wampís calificó la norma como un intento de censura y control sobre la sociedad civil, afectando gravemente la defensa de los derechos humanos y la lucha por la justicia.
La modificación de la llamada Ley APCI, tiene un trasfondo político que busca debilitar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales y de libertad de expresión.
“Esta norma no busca fiscalizar ni transparentar a las organizaciones de la sociedad civil, que ya se viene haciendo; es un pretexto, para simplemente silenciar y controlar”, indica el pronunciamiento.
Ataque a la defensa de derechos
Los representantes de la Nación Wampís alertaron que esta norma impacta directamente en los pueblos originarios, pues limita el acceso a apoyo legal y técnico, herramientas fundamentales para la defensa de sus derechos colectivos.
“Sin aliados jurídicos pretenden debilitarnos, sin acceso a la justicia y sin mecanismos para defender nuestros derechos colectivos”, sostienen.
Si bien se destaca que las oenegés no son la única vía para acceder a la justicia, el GTANW señala que, ante un Estado debilitado y la presencia de poderes mafiosos violentos, su apoyo técnico y profesional resulta clave.
Además, recordaron que esta medida se suma a otras acciones promovidas por el actual Congreso y el Gobierno que atentan contra la autonomía y derechos de los pueblos indígenas.
La legislatura aprobó una norma para evitar que los jueces apliquen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado peruano no haya sido parte del caso.
Esto evidencia, una vez más, una estrategia sistemática de impunidad y autoritarismo, para imponer vulgares negociados mercantiles, añade el pronunciamiento.
Multas millonarias y autógrafa inconstitucional
Uno de los aspectos más cuestionados de la Ley es la imposición de multas de hasta 400 UIT (2 millones de soles) a organizaciones de la sociedad civil que brinden apoyo legal a comunidades indígenas en litigios contra el Estado.
Esta autógrafa es inconstitucional porque vulnera el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, que consagra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, en igualdad de condiciones, y no la ley del embudo “ancho para el rico y angosto para el pobre”, aseguran.
Asimismo, es inconvencional, ya que contradice el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales garantizan la consulta, participación y asistencia técnica para la protección de sus derechos colectivos.
Llamado por la defensa de derechos
El GTANW hizo un llamado a la sociedad civil, pueblos indígenas, organismos multilaterales y cortes internacionales a unirse en defensa de los derechos colectivos.
“No aceptaremos esta vulneración de nuestros derechos y continuaremos defendiendo nuestra autonomía, dignidad, nuestros territorios y la biodiversidad. Ninguna dictadura ni mafias nos va paralizar ni someter”, concluyeron.
El pronunciamiento fue firmado por Teófilo Kukush Pati, Pamuk (presidente) del GTANW, y ratifica la determinación de la Nación Wampís de continuar en la lucha por la justicia y el respeto a sus derechos ancestrales.
Lee el pronunciamiento:
Con información del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)
