Hasta mediados de 2025, la deforestación atribuida a esta actividad alcanzó las 139,169 hectáreas, una cifra que evidencia la magnitud de la devastación.
La región Madre de Dios se mantiene como el epicentro de la minería aurífera, concentrando el 97.5% de la pérdida total de bosques. Sin embargo, la expansión no se limita a esta zona: también se registran daños significativos en Huánuco, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Cusco, donde la minería ha penetrado en comunidades indígenas, áreas de conservación y zonas de amortiguamiento de reservas naturales.
El estudio advierte que la presión sobre los cuerpos de agua amazónicos es igualmente grave. Hasta la fecha, se han identificado 225 ríos y quebradas afectados por dragas y otras infraestructuras mineras.
Fuente: MAAP
El caso más crítico se observa en Loreto, donde el río Nanay registra más de 800 dragas en operación entre 2017 y 2025, varias de ellas dentro de comunidades indígenas y el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira.
Situaciones similares se repiten en los ríos Cenepa y Santiago, en la frontera con Ecuador, y en quebradas de Ucayali y Huánuco.
La expansión de la minería de oro ha sido impulsada por el alza del precio internacional del metal, sumado al debilitamiento del control estatal tras la pandemia y a la falta de resultados efectivos en el proceso de formalización.
Como resultado, la actividad ilegal e informal ha ganado terreno en nueve regiones del país, transformándose en una de las principales amenazas para la Amazonía.
El reporte subraya que enfrentar este desafío requiere decisiones firmes y urgentes. Entre las propuestas destacan la implementación de un sistema integral de trazabilidad del oro, la depuración rigurosa del REINFO, la exigencia de compromisos ambientales desde el inicio de la formalización minera y el fortalecimiento de la fiscalización en tiempo real.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de avanzar hacia la eliminación progresiva del mercurio al 2030, en cumplimiento del Convenio de Minamata, promoviendo el acceso a tecnologías limpias y seguras para las comunidades y los ecosistemas.
El documento concluye que la minería aurífera en la Amazonía peruana es hoy uno de los mayores desafíos socioambientales del país. Si no se adoptan medidas contundentes, el oro seguirá dejando a su paso una estela de bosques arrasados, ríos contaminados y comunidades vulnerables que cargan con el costo de esta devastación.
Mira el informe completo aquí
