Indígenas amazónicos peruanos pedirán durante la Conferencia de Cambio Climático (COP20) en Lima la titulación de 20 millones de hectáreas como forma de frenar la deforestación por tala y minería ilegal en el llamado “pulmón del mundo”.
“Los pueblos indígenas necesitan 20 millones de hectáreas para frenar la crisis climática. Es una deuda histórica del Estado peruano con los pueblos amazónicos”, dijo este jueves el líder nativo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la selva peruana (AIDESEP) en rueda de prensa con medios extranjeros.
Según Pizango, 1.160 comunidades nativas reclaman los títulos de propiedad sobre el territorio en el que están asentados en la Amazonia.
“La COP20 (Conferencia de la ONU sobre cambio climático) será la oportunidad de hacer conocer nuestra propuesta”, acotó Pizango de cara a la cita del 1 al 12 de diciembre que reunirá en Lima a unos 12.000 asistentes.
El dirigente resaltó que “la única forma de frenar la tala ilegal de bosques es la seguridad jurídica de los territorios. Eso ayudaría a un mejor control del uso de suelos”.
“La Amazonia es la más afectada por el cambio climático. Se erradican tierras de bosques y se convierten en madereras ilegales o en minería ilegal. Esas son las mayores amenazas para la selva”, acotó Pizango.
“Los planes del gobierno peruano consistirían en entregar título de propiedad, pero sin cesión de uso, de solo cinco millones de hectáreas”, indicó por su lado Julia Urrunaga, representante de la ONG estadounidense Agencia de Investigación Ambiental, que participó del encuentro.
“El mayor peligro de la tala ilegal es que abre una trocha, despeja el camino en la inmesidad del bosque tropical”, alertó Urrunaga.
Para realizar sus actividades las mafias de la tala ilegal amenazan a las comunidades. Madereros ilegales fueron vinculados en septiembre al asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas que defendían sus recursos naturales.
Asimismo, Pizango advirtió que el peligro de las concesiones forestales o de entregar predios individuales consiste en que los suelos terminan siendo utilizados para actividades de monocultivos, como la palma aceitera, que acaba afectando los bosques.
Esa política provocó en los últimos años que muchos cocaleros hayan migrado hacia el negocio de la madera ilegal, señaló.
Pizango afronta un proceso judicial, junto a 53 dirigentes nativos, acusado de ser el instigador de una protesta de indígenas de la etnia awajun wampis en 2009 en rechazo a los decretos legislativos que violaban derechos colectivos de pueblos indígenas en Bagua (Amazonas, noreste), que dejó 33 muertos, 23 de ellos policías.
“Es un juicio desigual porque no están siendo procesados los responsables políticos del gobierno de entonces”, que ordenaron reprimir la protesta, señaló el dirigente.
Fuente: http://bit.ly/1wszaPE
