Los Gobiernos Territoriales Autónomos Awajún (GTAA) y Wampís (GTANW) denunciaron ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso la expansión acelerada del crimen minero en la cuenca del Morona, en Loreto, así como en las cuencas del Santiago, El Cenepa y en el Alto Marañón, en la región Amazonas.
La Mesa de Trabajo, realizada el 7 de noviembre y presidida por la congresista Silvana Robles Araujo, expuso un escenario en el que las organizaciones criminales han superado la capacidad de respuesta del Estado, consolidando redes ilícitas que afectan directamente a los territorios indígenas.
Pérdida de control estatal
El pamuk del GTANW, Teófilo Kukush, advirtió que la minería ilegal se ha instalado en zonas estratégicas del pueblo Wampís, desplazando la presencia estatal y poniendo en riesgo la integridad de las comunidades.
Señaló que las amenazas, extorsiones y presiones armadas se han vuelto prácticas comunes en las cuencas de los ríos Morona y Santiago, que atraviesan territorio wampís en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) y se extienden hasta el distrito de Morona, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto).
Julio Hinojosa Caballero, líder wampís, reforzó esta alerta al denunciar que el Río Santiago enfrenta niveles de criminalidad propios de ciudades capturadas por mafias.
Recordó que el 28 de septiembre, en la comunidad de Fortaleza (en Río Santiago, Amazonas), un operativo policial fue emboscado por mineros ilegales, dejando agentes heridos. “Hoy quienes imponen autoridad en Río Santiago son estos grupos”, afirmó.
Asimismo, el pamuk del GTAA, Gil Inoach, describió el crecimiento explosivo de la actividad minera ilegal mediante dragas. Indicó que más de cincuenta embarcaciones operan actualmente en El Cenepa.
Unas veinte se encuentran en el río Santiago y varias más en Saramiriza y en el Alto Marañón, configurando un escenario de avance simultáneo en distintos frentes fluviales.
Alertas desde el territorio
El presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Dante Sejekam, base de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) y parte de AIDESEP, sostuvo que en El Tambo “el Perú ha perdido soberanía”.
Denunció que maquinarias, armas y combustible provenientes de Ecuador entran sin control, alimentando un circuito ilegal que ha consolidado un corredor minero transfronterizo.
Se reconoce magnitud del problema
El Alto Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, informó que la minería ilegal movió siete mil millones de dólares en 2024, seis veces más que el narcotráfico.
Reconoció que las interdicciones son insuficientes y anunció que el Ejecutivo evalúa declarar Estado de Emergencia en las cuencas afectadas.
Además, adelantó el refuerzo del puesto militar de El Tambo, clave para cortar las rutas de abastecimiento de estas organizaciones criminales provenientes del vecino país, Ecuador.
El representante de la Policía Nacional indicó que se requieren al menos 700 efectivos adicionales para garantizar operaciones sostenidas y de mayor impacto contra la minería ilegal.
Por su parte, la funcionaria del Ministerio del Ambiente, señaló que las limitaciones presupuestales dificultan el control territorial y las intervenciones de fiscalización.
Explicó que del presupuesto de 70 millones asignado este año al Programa Presupuestal 128, más del 70 % se destina a pagos de personal y gastos de la Policía.
Esto dejaría apenas 19 millones para ejecutar operaciones de interdicción en todas las regiones afectadas, como Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas.
La congresista Silvana Robles cerró la mesa de trabajo señalando que los pueblos indígenas no pueden enfrentar solos un fenómeno criminal que ya compromete la seguridad nacional.
Anunció que la Comisión priorizará acciones legislativas y de fiscalización para frenar el avance del crimen minero en la Amazonía y fortalecer la coordinación con los Gobiernos Territoriales Autónomos.
