A pesar de la deforestación que se vive en la Amazonía producto del monocultivo de palma aceitera, el pasado 3 de setiembre diferentes ministros se reunieron para tomar acuerdos que impulsen la producción de ella, junto con el gremio de productores de CONAPAL y FENAPALMA, planteándola así como una alternativa económica sustentable.
En esta reunión se analizó y se señaló la cantidad de hectáreas destinadas a la producción de palma aceitera en las diferentes regiones. Para el Estado esta alternativa económica “sostenible”, cuenta con 77,537 hectáreas a nivel nacional, las cuales se ubican en las regiones de San Martín, Ucayali, Loreto y Huánuco.
En esta mesa de diálogo entre el Estado y las empresas productoras se acordó incentivar esta actividad “sostenible” ya que ayudaría en la lucha contra el narcotráfico, las prácticas de la agricultura migratoria y la pobreza del oriente peruano; sin embargo se habló muy poco con respecto al impacto que ocasionaba la deforestación de bosques primarios en los lugares destinados para su producción.
Tal fue el caso de los representantes gremiales de Palma Aceitera, quienes respondieron con respecto a las denuncias de deforestación ocasionadas por otras empresas que realizan esta actividad. “Ellos no pertenecen a nuestro gremio, es una práctica aislada” manifestaron los representantes desvinculándose de lo ocurrido por ciertas empresas pertenecientes al sector de Pucallpa.
Además manifestaron que el desarrollo de la palma aceitera en el Perú se sustenta en la ocupación de áreas deforestadas por cultivos ilícitos y la agricultura de bajo impacto económico (subsistencia), lo cual ha requerido una inversión directa de más de US$ 700 millones en los últimos diez años, con lo cual se viene aportando a la industria de alimentos del país.
Sobre este punto la Contraloría de la Republica señaló en Junio de este año que el Ministerio de Agricultura (Minagri) no ha definido parámetros para incentivar el cultivo en tierras con capacidad de uso agrícola en bosques naturales. Esto se debe a que las normas que regulan el cambio de uso de tierras ubicadas en selva y ceja de selva datan del 2001 y el 2006, por lo que a la fecha están desfasadas.
Además la Contraloría señaló que entre el 2006 y el 2013, la producción anual de palma aceitera en Loreto creció en 115%. No obstante, esta misma región ocupa el segundo lugar de la lista de departamentos de la Amazonía con la tasa más alta de pérdida de bosques por año, ya que se destruye 30,206 hectáreas de bosque, equivalentes al 29% de la deforestación anual del país.
Según la Contraloría la palma aceitera es la principal razón de esta deforestación y según las empresas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera esto es un caso aislado que no pertenece a su sector.
A esta reunión de fomento de la Palma Aceitera asistieron los ministerios de Agricultura, Juan Manuel Benites; de la Producción, Piero Ghezzi; y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; así como el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, el viceministro de Políticas Agrarias, César Sotomayor, así como la presidenta del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Rocio Barrios y representantes palmicultores eran de la CONAPAL y FENAPALMA, Ledgard Arévalo y Edwin Solis, respectivamente.
Finalmente los ministros presentes en esta reunión indicaron que debe darse una solución rápida a la producción el biodiesel para que este combustible se fabrique con palma aceitera. Además la Ministra Energía y Minas, Rosa María Ortiz, manifestó que en la instalación de las mesas técnicas del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera estarán presentes los representantes de Petroperú.
Estado de Emergencia Normativa de Palma Aceitera
Ante esta coyuntura AIDESEP demanda al Gobierno declarar en emergencia y reorganización la normativa sobre la palma aceitera y la suspensión de todo trámite de proyectos con ese fin.
Incluso el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidió que los ministerios de Agricultura y del Ambiente suspendan los permisos otorgados a empresas que están sembrando palma aceitera en Ucayali, un negocio que está destruyendo más de 5.000 hectáreas de bosques en esta región, según denuncian las comunidades nativas de la zona.
Ante todo lo expuesto y a pesar de las contradicciones del propio gobierno, los pueblos indígenas afectados por el “desboque” y las irregularidades de esta actividad “sostenible” no han sido invitados a participar e informarse de este plan nacional de palma aceitera con respecto a las posibles vulneraciones de sus territorios, tal como lo indica la Defensoría del Pueblo y la propia Contraloría de la República.
Tampoco hay información detallada de estas reuniones desde las páginas oficiales de prensa de estas Ministerios, incluso el área de comunicaciones del Ministerio de Agricultura respondió que aún no puede manifestarse al respecto porque no está autorizado para hacerlo.
Sin duda alguna, los pueblos indígenas deben conocer sobre estas acciones acompañado de una reglamentación clara, con respecto a la producción de palma aceitara, ya que sin ello afectaría a las comunidades y provocaría la deforestación masiva de la Amazonía. Por ello solo con las normativas claras, recién podríamos decir que esta actividad puede ser sostenible a comparación de lo ya ocurrido con los bosques de indonesia.
