El Gobierno del Presidente Ollanta Humala, da un zarpazo autoritario, al hacer efectiva la modificación del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que libera de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el que señala “que en el cumplimiento de su deber hagan uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.
La norma – Ley 30151, publicada el lunes 13 de enero en el diario oficial El Peruano, se suma a otras existentes, que estan hechas para reprimir y criminalizar la protesta. Con la dación de esta modificación, las luchas sociales en defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, como por ejemplo, la integridad territorial de los pueblos indígenas, que son afectados por la explotación de los recursos naturales por parte de la industria extractiva; o la defensa de la vida de los pueblos en situación de aislamiento voluntario y en contacto inicial, se ven convertidos en delitos.
Es importante remarcar que la modificación de esta norma no es un hecho aislado, sino que forma parte de todo un paquete jurídico que militarizan el orden interno, y establecen la arbitrariedad en el uso de las armas, frente a los conflictos sociales, creando además un escenario de impunidad para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es entonces que nos preguntamos, que va pasar cuando se produzcan movilizaciones sociales por la defensa del territorio, como la ampliación del lote 88, la contaminación en las Cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañon; entre otros conflictos que estan latentes.
Esta situación se agrava aún más, si consideramos que en la actualidad, según informes de la Defensoria del Pueblo, existen poco más 200 conflictos sociales, mucho de los cuales se encuentran activos y otros latentes. Esta decisión autoritaria y represiva del Régimen Ollantista, se trae por los suelos su discurso de “inclusión social” y de respeto al Estado de Derecho. Si se te pasa la mano, no te preocupes, el Estado te dará un tratamiento tolerante e impunidad…
En AIDESEP, consideramos que dicha norma, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al propio estado constitucional de derecho, por lo que pedimos al Estado, sus gobernantes y los organismos internacionales intervengan para que la modificación de la norma quede sin efecto.
Lima, 14 de enero, 2014
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
