Viernes 27 de Febrero 2015
La Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Dalee Sambo Dorough, transmitió una carta al Dr. Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, en la que observa y propone recomendaciones al actual Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, en especial al Estándar Socio-Ambiental sobre Pueblos Indígenas (ESS7).
Se señala que importantes aspectos de la nueva Política de Salvaguardas del Banco Mundial están por debajo de las protecciones provistas por actuales estándares de derechos humanos, incluyendo aquellos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas[1]. Resulta preocupante que el nuevo Marco Ambiental y Social no haga expresa referencia a la mencionada Declaración ni a ningún otro instrumento internacional de derechos humanos de relevancia para los pueblos indígenas.
Se exhorta al Banco a remover la llamada “cláusula de exclusión”[2], que permite que los prestatarios opten por no implementar los requerimientos de la política de pueblos indígenas, cuando éstos puedan ocasionar riesgos graves de exacerbar la tensión étnica o la discordia civil o que se no sean coherentes con la Constitución Nacional. La aplicación de esta cláusula atenta contra el progreso obtenido por el Banco Mundial en materia de pueblos indígenas, quien desde 1991 aplica su propia política en esta materia.
Asimismo, el Foro Permanente se pronunció sobre consentimiento libre, previo e informado que establece el Banco en su nueva política. El consentimiento se daría en tres circunstancias expresas[3], cuando el proyecto: (i) tenga impactos en la tierra y los recursos naturales objeto de propiedad tradicional o en uso consuetudinario; (ii) cause la reubicación de pueblos indígenas de tierras y recursos naturales objeto de propiedad tradicional o en uso consuetudinario; o (iii) tenga impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Representante del Foro de Naciones Unidas afirma que la lista no debe ser taxativa y que el consentimiento libre, previo e informado debe ser el objetivo de todas las consultas que sean llevadas a cabo, más allá de específicas circunstancias en las que el consentimiento es la condición expresa para seguir avanzando con el proyecto.
Se afirma que la adopción de esta nueva política (ESS7) en la que se deja a discreción del Estado u otros prestatarios la aplicabilidad de protecciones internacionales para pueblos indígenas socavaría los avances obtenidos a nivel internacional y marcaría un precedente preocupante.
Las observaciones del Foro de Naciones Unidas respaldan la posición de la sociedad civil latinoamericana plasmada en el Pronunciamiento publicado en el marco de las Consultas Públicas que realizó el Banco Mundial en Lima el pasado 04 de febrero. El pronunciamiento fue firmado por alrededor de 200 organizaciones de toda América Latina y el Caribe y hasta el momento no se obtiene respuesta alguna del Banco Mundial. (adjunto)
El desacuerdo de la sociedad civil en torno a esta nueva Políticas del Banco no solo se ha evidenciado a nivel de América Latina sino a nivel mundial. Esperamos que la presión de la sociedad civil aunada a la exhortación de Naciones Unidas repercuta favorablemente y el Banco decida mejorar sus salvaguardas de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Fuente: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU
