AIDESEP exige acciones urgentes para salvaguardar las vidas de los defensores y defensoras del pueblo Kakataibo.
Ante el incremento de las amenazas a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Kakataibo, a causa de los operativos realizados en junio para erradicar actividades ilegales en sus territorios, compartimos y suscribimos el pronunciamiento de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenakoka).
Denuncia Pública
Defensores indígenas en riesgo inminente
Operativos de erradicación realizados sin medidas de protección para los denunciantes ponene en riesgo inminente a decenas de líderes kakataibo.
Durante los últimos días del mes de junio de se vienen desarrollando operativos de erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegales en las inmediaciones y territorios de las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Unipacuyacu, Yamino, Puerto Azul y Santa Martha en respuesta a los constantes reclamos de la Fenacoka, la ORAU, AIDESEP y decenas de organizaciones de la sociedad civil que desde el año 2019 estamos denunciando el crecimiento de la narcoviolencia en la frontera entre Huánuco y Ucayali, que ya ha cobrado la vida de 04 líderes kakataibo.
Estos operativos han generado acciones de represalia inmediata de parte de los narcotraficantes instalados en la zona. Solo hace tres días, uno de nuestros comuneros fue atacado por tres hombres armados quienes lo golpearon, obligándolo a arrodillarse, para luego exigirle que le revele la ubicación de los líderes quienes “trajeron a la marina para erradicar”, amenazándolo de muerte. Los delincuentes le tomaron una foto diciendo que ahora “conocen su cara” y que si vuelve “la marina” lo iban a buscar para matarlo. Otro de nuestros presidentes comunales se ha visto obligado a solicitar apoyo económico pues ha tenido que huir de su comunidad a la ciudad por el nivel de gravedad de las amenazas que ha recibido. Todo esto sumado a dos incidentes graves de intimidación, en los que grupos de invasores se reúnen en nuestras comunidades, se sientes ruidos de disparos al aire por las noches y la mayor presencia de transportes de materiales para las pistas clandestinas que quedan en la zona.
La selva central peruana sufre un incremento de violencia por actividades económicas ilícitas, debido a la tala ilegal, el cultivo ilegasl de coca, tráfico de tierras, narcotráfico y latitulación de colonos promovida irresponsablemente por los gobiernos regionales, municipales y otros agentes estatales. La pandemia tuvo un efecto catalizador en las amenazas que recibimos las comunidades indígenas de Ucayali, Huánuco y Junín. El gobiernoperuano ya tiene claro este diagnóstico, luego de años de denuncias y decenas de asesinatos.
Al respecto de lo anterior queremos ser enfáticos: los operativos de erradicación constituyen un hito importante y el primer golpe real que se le da al narcotráfico en la zona. Es también una acción gubernamental que trae esperanza sobre el papel del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, liderado por el Ministerio de Justicia, como respuesta a un largo proceso de denuncias constantes del movimiento indígena.
Sin embargo, también debemos ser enfáticos al decir que no se ha atendido la oportuna advertencia de las organizacione sindígenas sobre la necesidad de acompañar las operaciones de erradicación, conducidas por las fuerzas armadas y la policía nacional, con una presencia efectiva de las fuerzas del orden una inmediata restitución de los territorios indígenas invadidos, caso contrario, este tipo de intervenciones parciales dejan a las comunidades que hacen denuncias expuestas a las represalias de los invasores armados. Cosa que ya está ocurriendo.
La erradicación en comunidades nativas no debe detenerse, debe seguir y ampliarse, pero exigimos de manera urgente que el Estado peruano, en el marco del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos desarrolle las siguientes acciones complementarias:
1. Al Midagri y el GORE Huánuco: la titulación inmediata de las comunidades indígenas kakataibo.
2. Al Ministerio del Interior: intervención policial en las comunidades nativas de Unipacuyacu, Yamino, Mariscal Cáceres, Puerto Azul y Santa María para salvaguardar la vida de todos sus miembros. Además, desarrollar estrategias de seguridad integral, que consideren a las familias indígenas que conviven con la violencia.
3. Al Minjusdh: convocar al Mecanismo Intersectorial para la para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos para una nueva sesión de trabajo urgente para tratar los riesgos a la vida producidos directamente por los operativos de erradicación. Debe además considerarse como defensores a los líderes, sus familias, pero también como sujeto colectivo amenazado al pueblo indígena Kakataibo y su organización Fenakoka.
4. Redireccionar los programas de desarrollo alternativo de DEVIDA, previo acuerdo con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en pleno respeto del Convenio 169 de la OIT.
5. El Ministerio público, sus fiscales competentes y especializados deben iniciar una investigación pra conocer a los autores intelectuales de los actis de amenaza, hostigamiento y asesinatos sufridos por líderes kakataibo.
6. DEVIDA debe brindar una remediación urgente en la zona que incluya la solución a las invasiones de cocaleros que han promovido de manera indirecta: es urgente el saneamiento legal de los territorios y mayor presencia estatal, a través de proyectos de desarrollo alternativo.
7. A las embajadas de los Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Noruega, Alemania y a todas las agencias de la cooperación y organizaciones internacionales involucradas en la estrategia de lucha contra el narcotráfico y lad eforestación derivada de la proliferación de las economías ilegales en toda la Amazonía; les solicitaos que usen todos sus canales de asistencia técnica para garantizar intervenciones que garanticen nuestro derecho a la vida, con desarrollo alternativo, seguridad territorial y verdadera lucha contra la deforestación.
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