No se ha tomado en cuenta la opinión y análisis jurídico presentado por AIDESEP que insta al los congresistas a rechazar su aprobación
Aprovechando la crisis política, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado pretende aprobar el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR, Ley del genocidio PIACI. Este PL había sido agendado para ser sustentado hoy, 14 de diciembre, sin antes haber sido derivado a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología, que es la entidad competente.
Desde AIDESEP, alertamos sobre estas maniobras que atentan contra los derechos y la vida de nuestros hermanos y hermanas PIACI. Asimismo, exigimos que la oficialía mayor del Congreso cumpla con derivar este lesivo proyecto de ley a la Comisión de Pueblos, y que se considere los análisis jurídicos de AIDESEP, ORPIO y ORAU en rechazo a esta lesiva norma que significaría el genocidio de los PIACI.
Análisis jurídico de AIDESEP de los alcances de la Ley del Genocidio PIACI
Ante la presentación del Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR, que modifica la Ley 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial, presentado el 11 de noviembre del presente año, por el grupo parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Jorge Morante, AIDESEP ha realizado un informe jurídico que determina la inconstitucionalidad y que contraviene los estándares internacionales en materia de protección de PIACI.
Este informe jurídico es un análisis realizado a la luz del marco constitucional como del marco jurídico internacional y que lleva a determinar que esta modificatoria pone en serio y objetivo riesgo la vida, salud e integridad de los PIACI.
“El PL 3518 propone otorgar facultades a los Gobiernos Regionales para “determinar la revocatoria o extinción” de los reconocimientos de la existencia de los PIACI y de las Reservas Indígenas creadas a su favor. Por ende, si se aprueba el PL 3518 los Gobiernos Regionales quedarían facultados para “determinar la revocatoria o extinción” no solo de las Reservas creadas a fin de proteger sus territorios de vida, sino también del reconocimiento de la propia existencia de estos pueblos y de esta manera literalmente desaparecerlos”, señala parte del informe realizado por AIDESEP.
Cabe destacar que la Ley N°28736, conocida como la Ley PIACI, este año cumplió 16 años de vigencia y fue producto de un largo proceso de lucha por parte de las organizaciones indígenas y actores aliados.
Adjuntamos a continuación el informe jurídico completo enviado a la presidenta de la república, Dina Boluarte; al presidente del congreso William Zapata, a la Defensoría del Pueblo y a las comisiones de Descentralización, de Cultura y de Pueblos del Congreso de la República:
