Frente a los lamentables hechos ocurridos dentro del territorio de la comunidad nativa Huascayacu, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), como la principal organización de los pueblos indígenas de la Amazonía en el Perú representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades, manifestamos lo siguiente:
La Comunidad Nativa Huascayacu está ubicada en el distrito y provincia de Moyobamba y pertenece al pueblo Awajún; forma parte de la Coordinadora de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la Región San Martin (CODEPISAM), base de AIDESEP, y ha venido denunciando de manera reiterada la invasión de sus territorios ancestrales.
Los pueblos indígenas seguimos enfrentando la inoperancia del Estado, que no implementa las políticas públicas para garantizar el respeto de nuestros derechos colectivos en base a los estándares internacionales y nacionales de protección, y tampoco cumple su labor de priorizar la protección de la vida e integridad de los líderes y lideresas indígenas en situación de riesgo, en estrecha coordinación entre autoridades indígenas y autoridades estatales.
Esta desprotección de nuestros derechos se evidencia con lo ocurrido el viernes 8 de julio en horas de la madrugada, cuando un grupo armado de alrededor 20 personas ingresó al territorio comunal sin autorización. Estos intrusos vestían chalecos que los identifican como rondas campesinas pertenecientes a CUNARC-P y exigieron a los miembros de la comunidad nativa que se retiren de sus propios territorios indígenas.
En un principio, la Comunidad Nativa de Huascayacu invitó al dialogo a los invasores con el propósito de aclarar dudas y esclarecer los hechos invocando de manera pacífica a llegar a un buen entendimiento. Sin embargo, el grupo de invasores portaba armas de fuego y armas blancas, mientras que los hermanos y hermanas awajún no tenían armas. Los terceros reclamaban el derecho sobre el territorio indígena, lo que produjo que se abriera fuego contra los miembros de la comunidad. Como consecuencia, se produjo el enfrentamiento con los comuneros, que dejó el saldo de un número de personas heridas y un muerto.
En atención a lo manifestado:
- Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Regional de San Martín y Defensoría del Pueblo que intervengan conjuntamente e instalen una Comisión de Diálogo para que respeten el derecho a la propiedad territorial ancestral del pueblo Awajún.
- Instamos al Gobierno Regional de San Martín a no avalar el despojo de tierras comunales con el argumento de que si está desforestado se cancela la cesión en uso y se le quita la tierra a la comunidad. Nunca ha ocurrido este despojo ilegal y no permitiremos este gravísimo precedente para las más de 2000 comunidades nativas de las 11 regiones amazónica.
- Invocamos a la CUNARC-P a que deslinde responsabilidades y/o sancione a sus integrantes o terceros, que usan su nombre para avalar o encubrir a las supuestas rondas dentro de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos para despojarlos, en complicidad con grupos relacionados con el tráfico ilegal de tierras.
- Exigimos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, en coordinación con las organizaciones indígenas representativas, que procedan con el desalojo de aquellas rondas campesinas que vienen invadiendo y usurpando los territorios comunales amazónicos, con el fin de garantizar el derecho a la paz e integridad física del pueblo Awajún y que cumpla con sus responsabilidades funcionales.
- Exigimos al Ministerio Público, en vías de coordinación, que investiguen el trasfondo social y penal de estos hechos violentos, el ingreso ilegal a la comunidad, el inicio de los disparos y la sanción correspondiente por haber provocado heridos.
- Rechazamos cualquier tergiversación de lo sucedido, suspicacia sin pruebas o conocimiento de los hechos ocurridos. Y recalcamos que los comuneros awajún no tenían armas de fuego porque no había intención de un acto de violencia y que fueron los colonos quienes actuaron con premeditación.
- Hacemos un llamado a nuestras 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades articuladas en AIDESEP, así como a nuestros aliados, a estar en estado de ALERTA ante estos hechos hasta lograr que se garanticen nuestros derechos territoriales y se frene el sistemático tráfico de tierras por colonos en la Amazonía.
¡AIDESEP se reafirma en su lucha y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas!
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