El Perú carece de mecanismos de transparencia para crear normas que nos protejan del cambio climático 

Hoy se firmó el Acuerdo de París que pretende limitar el aumento de la temperatura global, pero no sabemos cómo están los portales de transparencia de las instituciones relacionadas con el cambio climático, por ello desde AIDESEP compartimos esta publicación realizada por la ONG DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) que brinda datos muy importantes sobre este tema.A través de la publicación “El Diagnóstico 2015: Portales de transparencia y solicitudes de acceso a la información (minería, energía y cambio climático)” se analizan indicadores basados en la legislación vigente sobre transparencia y acceso a la información pública y normativa internacional de diez ministerios y ocho organismos técnicos que conforman la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático.Uno de los puntos a resaltar de este diagnóstico, es que diversas normas que han sido aprobadas desde 2013 al 2015 que modifican la gestión ambiental en el país, han sido formuladas y aprobadas sin los canales adecuados de participación, información y difusión a la ciudadanía y actores claves vinculados con el sector minero-energético y ambiental. Es decir el Perú carece de mecanismos de transparencia para crear normas que nos protejan del cambio climático.Además entre los resultados se encontró existe un gran desconocimiento por los funcionarios públicos y la ciudadanía sobre los compromisos asumidos por el Perú en el ámbito internacional, como los del OGP, EITI y la Alianza para la Transparencia del G7. La Alianza de Gobierno Abierto en Perú se encuentra paralizada pues se ha retrocedido en los compromisos asumidos cuando se implementó esta iniciativa en el país, el principal, se refiere a la creación de la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información.El EITI ha avanzado a nivel regional y en sus compromisos nacionales, por lo que mayores organizaciones de sociedad civil vienen impulsado esta iniciativa, sobre todo pues se presenta como una oportunidad para insertar un estándar ambiental que permita apoyar la resolución de conflictos socio-ambientales.Finalmente diversas normas que han sido aprobadas desde 2013 al 2015 que modifican la gestión ambiental en el país, han sido formuladas y aprobadas sin los canales adecuados de participación, información y difusión a la ciudadanía y actores claves vinculados con el sector minero-energético y ambiental.