El REINFO en Pataz se revoca tras la masacre de 13 trabajadores en la Minera Poderosa, pero sigue vigente en la Amazonía, donde las mafias mineras continúan destruyendo territorios indígenas.
AIDESEP exige la cancelación definitiva del REINFO por ser una farsa para encubrir acciones
ilegales permanentes.
La reciente decisión del Gobierno de Dina Boluarte de revocar automáticamente 1.425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en la provincia de Pataz (La Libertad), tras el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Minera Poderosa, confirma un hecho contundente:
“Cuando hay voluntad política o escándalo nacional e internacional, el Estado puede actuar de manera rápida y firme contra la minería ilegal”.
La medida, publicada mediante el Decreto de Urgencia 006-2025, incluye no solo la revocatoria masiva de Reinfos en Tayabamba, Parcoy y Pataz, sino también el despliegue de un sistema de trazabilidad del oro a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Asimismo, se ha dispuesto el monitoreo inalámbrico del transporte de mercancías bajo responsabilidad de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
Además, se han movilizado mil efectivos policiales y militares para restaurar el orden, y se ha conformado un Comando Unificado junto a un grupo de trabajo multisectorial.
Estas medidas, aunque reactivas y motivadas por una tragedia con gran repercusión mediática, responden a demandas históricas frente a la destrucción minera que, desde hace años, exigen los pueblos indígenas amazónicos ante el avance de mafias mineras en al menos 32 distritos y 22 ríos de la Amazonía ya contaminados.
Cabe recordar que muchas veces estas mafias actúan en complicidad con actores locales, autoridades regionales e incluso con sectores del propio Estado.
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) sostenemos: “Lo ocurrido en Pataz confirma que las 16 propuestas de AIDESEP no son utopías.”
El Estado ya aplica, aunque parcialmente y bajo presión, varias de las acciones que venimos exigiendo desde hace años para proteger territorios indígenas amazónicos invadidos por mafias mineras.
AIDESEP ha planteado soluciones claras y viables frente a la minería ilegal, agrupadas en 16 demandas urgentes construidas desde los pueblos indígenas y sus organizaciones territoriales.
Estas incluyen la cancelación del REINFO, por ser una farsa que encubre actividades ilegales permanentes; el fin de las concesiones mineras otorgadas sin consulta ni consentimiento en territorios indígenas; y la interdicción efectiva de dragas en los mencionados 32 distritos y 22 ríos amazónicos.
Asimismo, el Estado debe promover una inversión pública decidida en bioeconomía indígena, como alternativa real al abandono que hoy fomenta la minería ilegal.
También se exige el retiro de empresas transnacionales como First Quantum y Hannas Metals, rechazadas por los pueblos del Datem y Tabalosos, así como el firme rechazo a una ley de “minería pequeña y artesanal” que solo busca legalizar la agresión extractiva contra la Amazonía.
Estas demandas abarcan además la investigación y destitución de funcionarios estatales y policiales cómplices del crimen minero, junto con la certificación oficial de la contaminación tóxica y la deforestación causada por esta actividad, que ya ha destruido más de 115.000 hectáreas de bosques y ríos.
A ello se suma la exigencia de una protección efectiva a los defensores ambientales, la activación de la Misión Perú del Convenio de Minamata de la ONU sobre mercurio, y la suspensión de compras internacionales de oro vinculado a la destrucción amazónica.
Se insta a países como Suiza, EE. UU., India, Canadá y Arabia Saudita a adquirir únicamente oro libre de devastación ambiental.
Estas propuestas cuentan con el respaldo de Gobiernos Territoriales Autónomos, Guardias Indígenas, movimientos de mujeres, organizaciones ambientales, culturales, científicas y comunicacionales, así como aliados internacionales.
Sin embargo, el Estado peruano continúa ignorando estas alternativas y ha optado por tolerar o encubrir la expansión del extractivismo ilegal, con graves consecuencias sociales y ambientales.
Aunque el Gobierno ha anunciado medidas de emergencia tras la masacre en Pataz, el propio ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, admitió ante el Congreso que es posible una nueva prórroga del REINFO por seis meses más, amparado en la Ley N.º 32213.
Desde AIDESEP señalamos con firmeza que no se puede combatir la minería ilegal mientras se mantiene vigente el principal instrumento que la encubre. Pataz debe ser el límite, no una excusa.
Exigimos la cancelación definitiva del REINFO y la aplicación integral de nuestras 16 propuestas para frenar la destrucción de la Amazonía.
