Habiéndose cumplidos 60 días de injusta detención de 11 ciudadanos en la Amazonía tras las protestas del 13 de Agosto, ha crecido el descontento ante la arbitrariedad de las detenciones y el proceso llevado en contra de nuestros hermanos amazónicos. Aumenta la desconfianza en la independencia de la justicia. No solo la lucha del pueblo fue reprimida durante las jornadas del Levantamiento y Paro Nacional, sino que la respuesta de la función judicial -apéndice de los intereses del gobierno central- ha sido procesar a 40 personas de la Amazonía por el hecho de luchar y exigir derechos.
Suman 11 los detenidos con prisión preventiva en las provincias de Pastaza (2) y Orellana (9), a la espera de la audiencia preparatoria de juicio, cuya injusta detención violando derechos elementales puede ser corroborada en el expediente del caso. 9 personas más son procesadas en Pastaza incluyendo menores de edad y miembros de base de CONFENIAE y 16 en Morona Santiago, entre ellos el Presidente de CONAIE, Jorge Herrera, Presidente de CONFENIAE, Franco Viteri y Presidente de FICSH, Agustín Wachapa, con proceso de indagación previa.
Como CONFENIAE rechazamos tajantemente el abuso y prepotencia de las detenciones, así como la falta de información, agilidad y transparencia en el procesamiento de los 40 amazónicos. Denunciamos la influencia de dirigentes de Alianza País sobre la justicia en Pastaza y la reciente acusación particular emitidas contra todos los detenidos y procesados de la provincia de Pastaza por parte del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Tales actos confirmar las intenciones del gobierno de sancionarlos con el afán de desmovilizar la lucha y la resistencia en la Amazonía.
El Estado, en lugar de cumplir su rol de velar por los derechos de los ciudadanos, pasa con estas acusaciones a victimizarse, acusando a personas inocentes de supuestos delitos de ataque o resistencia, sabotaje y terrorismo, violentando incluso el legítimo derecho a la resistencia consagrado en el art. 98 de la Constitución de Montecristi, lo que demuestra una clara incongruencia jurídica que debe ser denunciada a nivel nacional e internacional. Debemos aclarar que ha sido el Estado quien ha violentado la principal infraestructura de vida de las nacionalidades amazónicas, es decir el territorio y la biodiversidad.
Denunciamos el aplazamiento de las audiencia una vez cumplidos 2 meses de proceso, esperamos que esto no constituya una estrategia para ganar tiempo ante la falta de pruebas existentes, además se pretende abrir nuevas instrucciones fiscales o vincular a nuevos ciudadanos, esto es una muestra más de la intención de criminalizar la lucha y la protesta social.
Las protestas dadas en la Amazonía en el marco de Levantamiento y Paro Nacional del Pueblo, fueron respuestas legítimas de nuestras bases ante una convocatoria nacional a movilizarse. Por tanto lo detenidos y procesados en estas jornadas son presos y procesados políticos. Luchar y protestar por los derechos no es un delito. Basta de criminalizar a nuestros dirigentes y bases.
Por: Franco Viteri
Presidente de CONFENIAE
