¡Por una protección efectiva y oportuna de nuestros defensores y defensoras indígenas!
Conmemorando el 44 aniversario de fundación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), los dirigentes de las nueve organizaciones regionales bases, reunidos en elII Encuentro de Defensores y Defensoras Indígenas, hacemos un llamado público para denunciar las situaciones de amenaza y riesgos en contra de nuestras vidas e integridad personal por la defensa de nuestros territorios, derechos colectivos y de nuestras generaciones futuras.
Sufrimos distintas formas de violencia, señalamiento, amenazas, persecución y criminalización; y, pese a que las cifras son mayores, a la fecha conocemos públicamente más de 33 casos de líderes indígenas que han sido asesinados en los últimos diez años como consecuencia de su constante lucha por la protección del territorio. Esta situación ocurre pese a la vigencia de marcos y políticas gubernamentales para la protección de los defensores y las defensoras indígenas que, en la práctica, resultan ineficaces e insuficientes para prevenir y abordar la situación de riesgos que sufrimos diariamente los líderes de nuestras organizaciones y comunidades en los territorios.
Por el contrario, observamos el incremento de actividades ilícitas como la minería ilegal, cultivos de coca, usurpación de tierras y la promoción indiscriminada e inconsulta de actividades extractivistas y colonizadoras en nuestros territorios, que son el origen principal de las distintas formas de violencia que nos afectan. Esta tendencia se expande y afecta también a otros hermanos altamente vulnerables que viven en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Cada vez es mayor el señalamiento, intimidación y criminalización a las organizaciones y defensores que defienden a los PIACI, quienes dependen de la defensa de otros pueblos y organizaciones.
Estas amenazas a la vida e integridad colectiva de los pueblos indígenas se agravan con propuestas legislativas que pretenden criminalizar a las organizaciones indígenas y de la sociedad civil para promover su disolución por realizar actividades de defensa de derechos humanos. Es el caso del Proyecto de Ley No. 7140-2023-CR, que autoriza a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a criminalizar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil coordinadas con la cooperación internacional, utilizando de manera tergiversada los conceptos “orden público, la paz social y el estado derecho”, cuando promuevan la defensa de derechos humanos ante las múltiples vulneraciones que el Estado comete por acción u omisión.
Estas medidas regresivas se dan en un contexto en el que el Tribunal Constitucional dicta sentencias que interpreta y aplica indebidamente las normas constitucionales e internacionales. Y el Congreso de la República emite normas contrarias a los derechos de los pueblos indígenas infringiendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por ello, nos reafirmamos en defender la vida y la Amazonía fortaleciendo nuestra autonomía y libre determinación. En ese marco, manifestamos:
- Alertamos el actuar negativo del Congreso de la República y otras autoridades estatales nacionales y subnacionales que impulsan y aprueban iniciativas contrarias a nuestra agenda grande y a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y, por el contrario, alientan la ocupación desordenada del territorio y la legalización de actividades ilícitas, depredadoras e invasoras, como lo reflejan la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, o las reiteradas iniciativas para que se amplíe la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que no ha significado ningún avance en contra de la minería ilegal, sino que se convierte en un aval para continuar contaminando y destruyendo los territorios de vida. Existe una ruptura del equilibrio de poderes, y más bien, se ha producido un alineamiento entre intereses contrarios al bienestar nacional que ven en nuestros territorios fuentes de recursos naturales y nada más.
- Solicitamos la inmediata rendición de cuentas sobre las acciones implementadas por las entidades que hacen parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como a las entidades que vienen participando en las Mesas Regionales. Más allá de un solo sector, la protección de los defensores y defensoras debe ser parte de una política nacional integral que abarque a jueces y fiscales especializados, y articulados con las propias iniciativas indígenas basadas en el territorio, así como ministerios en sus competencias y autoridades regionales y locales.
- Exigimos el levantamiento de investigaciones fiscales de oficio a través de la plataforma de defensores para reducir el tiempo y los costos de actuación de las entidades del Estado.
- Demandamos el reconocimiento estatal del rol que tenemos los pueblos indígenas mediante nuestros sistemas de protección autónomos, que son el resultado de experiencias diversas que tienen en común la defensa del territorio. Desde AIDESEP, ponemos a disposición nuestra plataforma de defensores indígenas cuya labor puede ir desde la sistematización de información obtenida desde nuestras bases de cifras e indicadores independientes, hasta la evaluación de acciones y omisiones de las instituciones del gobierno incluyendo las del mecanismo de defensores.
- Rechazamos cualquier intento de suplantación de autoridad en nuestros territorios, como las organizaciones del ámbito campesino, y ejercer control territorial respecto a las actividades depredadoras de la diversidad biológica. Necesitamos que el Estado actúe de manera coherente frente a los intereses políticos y económicos de mafias que amenazan la vida de los defensores indígenas.
- Reclamamos la atención inmediata ante la violencia que se vive en la Amazonía y exigimos que las entidades públicas destinen y aumenten sus presupuestos para desarrollar medidas que no solo deben centrarse en lo reactivo, sino propiamente en identificar las causas estructurales que colocan en desprotección a los pueblos indígenas, tal es el caso del cierre de brechas ante la inseguridad jurídica territorial y la abierta política extractivista y de auge de economías ilícitas a vista y paciencia de las autoridades locales, regionales y nacional.
¡Exigimos la seguridad para nuestros territoriales ancestrales y la protección de nuestro defensores y defensoras indígenas!
