Declaración del Consejo de Coordinación Ampliado de AIDESEP
Reunidos, en la ciudad de Lima el día 08 de marzo de 2026, en nuestra Asamblea del Consejo de Coordinación Ampliado (CCA) con participación del Consejo Directivo Nacional, autoridades indígenas de las 9 organizaciones regionales, líderes, lideresas y representantes de las juventudes, luego de analizar el contexto actual, manifestamos a la opinión pública y a las entidades estatales y de las entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo siguiente:
Denunciamos que, en el actual contexto de crisis mundial y nacional, existen intereses individuales y empresariales que pretenden continuar perpetuando la explotación y despojo sistemático de los recursos de los territorios indígenas, vulnerando nuestros derechos fundamentales y permitiendo el incremento del crimen organizado, que pone en riesgo nuestra existencia.
Manifestamos que la crisis política y social es generada principalmente por el Congreso de la República, que viene modificando la Constitución Política del Perú incluso en temas consensuados y rechazados en el último Referéndum como el regreso a la bicameralidad. A ello se suman las innumerables leyes aprobadas que solo benefician a algunos grupos y a políticos investigados por diversos delitos, mientras que los derechos indígenas se encuentran en clara regresión por el accionar del Legislativo y el Ejecutivo. Asimismo, el Presidente de turno no conoce nuestra realidad, desconociéndonos y a nuestras organizaciones representativas; y en cambio se reúne con organizaciones sin legitimidad ni representatividad.
Reafirmamos nuestras identidades y autoidentificación étnica a pesar de que los resultados de los Censos Nacionales 2025 no nos reflejen realmente porque somos hijos e hijas de los pueblos que nos precedieron y sobrevivimos a procesos de esclavización, colonizaciones de nuestros territorios, invasiones para diversas formas de explotación de recursos como el caucho, la madera, los hidrocarburos, la minería y el narcotráfico. La pretensión de extirpar nuestra espiritualidad y sustituirla con credos occidentales diversos para convertirnos en obedientes, manipulables y conformistas no ha mermado nuestro pensar, sentir y hacer con los principios heredados de nuestros mayores, cuya sabiduría aporta al mundo.
Resistimos, basados en nuestras instituciones, formas de organización y autoridades propias, y existimos en autonomía y libre determinación, usando nuestros idiomas, vestimentas, alimentación propia, medicina de sabios y sabias. El uso de la tecnología, las “mejores condiciones de vida” y el “desarrollo económico” no nos quitan nuestra identidad ni conexión con los territorios. Ante el abandono del Estado, resistimos con nuestros propios sistemas de seguridad: la Guardia Indígena, el Sistema Indígena Amazónica (SIA), los Comités de Vigilancia Comunal, entre otros.
Decidimos demostrar nuestras capacidades de plantear propuestas ante los espacios locales, regionales, nacionales e internacionales para que el Estado conozca nuestras problemáticas y recoja nuestros aportes, propuestas, Planes de Vida y la forma como concebimos nuestro desarrollo.
En este contexto, exigimos:
- Respetar nuestros derechos colectivos y que estos se expresen en políticas públicas concretas, culturalmente pertinentes y adecuadas a nuestras realidades, garantizando su ejercicio pleno en espacios de toma de decisiones.
- Garantizar la seguridad jurídica territorial, que incluye el reconocimiento, la titulación, la georreferenciación y la ampliación de comunidades nativas como territorios integrales.
- Respetar la vida y protección de los defensores y defensoras indígenas; así como el acceso a la justicia e indemnización estatal a los deudos, garantizando los derechos básicos de salud, educación y pensión.
- Establecer políticas adecuadas para promover la protección, respeto, acceso a derechos y recursos, e interrelación de los pueblos indígenas transfronterizos con los países vecinos de la Cuenca Amazónica.
- Que el Ministerio de Cultura asuma su responsabilidad de vigilar la elaboración de reglamentos de leyes y otros documentos que diversos sectores vienen realizando sin la participación efectiva de los pueblos indígenas ni la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley n°. 29785.
- Que el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) garanticen la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de los estudiantes indígenas. Además, rechazamos las actuales normas que permiten seguir nombrando a docentes que no dominan la lengua originaria y no conocen la cultura de los pueblos indígenas en plazas EIB. ¡La EIB es la base del derecho a la identidad y el aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes! Por ello, pedimos el respeto irrestricto al Registro Nacional de Docentes Bilingües y el cese de las excepciones que desmantelan el Modelo de Servicio EIB.
- Rechazar y requerir el archivamiento definitivo del Proyecto de Ley n°. 11822/2024-CR, que pretende permitir la explotación de recursos naturales en todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, donde viven pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). La aprobación de esta iniciativa legislativa ocasionaría el exterminio de estos pueblos.
- Fortalecer la incidencia política y legal para implementar la Medida Cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgada para proteger la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur a favor del pueblo Katataibo en aislamiento, así como implementar estrategias comunicacionales para contrarrestar las narrativas contra estos pueblos que promueven determinados grupos de poder.
- Coordinar e impulsar acciones de incidencia política y legal para que se aplique la condena a los sentenciados en el Caso Saweto y garantizar el acceso a la justicia de todos los defensores y defensoras indígenas asesinados.
- Desarrollar las acciones necesarias para la articulación de la estructura de AIDESEP con el Consejo de Administración Forestal (FSC) como parte de las oportunidades y acciones para reducir los riesgos de afectación de los derechos de las comunidades relacionados con el proceso de certificación forestal.
- Continuar fortaleciendo y visibilizando el rol de las mujeres indígenas en la gobernanza territorial, promoviendo sus propuestas colectivas y acciones para la protección y transmisión de los conocimientos colectivos, en coordinación con las organizaciones regionales y sus Programas de Mujeres. Asimismo, daremos seguimiento a iniciativas para la recuperación de las chacras integrales, intercambio de semillas y bioemprendimientos liderados por mujeres.
- Que el Estado que adopte acciones efectivas para salvaguardar la vida de las familias de las comunidades nativas que han sido afectadas por la deflagración del gasoducto de Camisea, en el distrito de Megantoni (Cusco) y concertar las medidas de reparación con las autoridades, comunidades y autoridades.
Desde nuestras organizaciones y territorios, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la Amazonía y nuestros derechos colectivos. ¡No permitiremos más retrocesos ni violaciones a nuestros derechos fundamentales!
¡Amazonía viva, Perú y humanidad seguros con territorios y derechos colectivos indígenas!
