Declaración de defensores y defensoras de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana

¡El Estado peruano debe frenar los asesinatos a los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas!

En la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, a los 23 días de mayo del 2023, reunidos en el auditorio del Hotel Costa del Sol, representantes de las organizaciones indígenas regionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP: la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI-SC), la Organización Regional de AIDESEP de Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA), la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Norte del Perú (ORPIAN-P), así como representantes de instituciones públicas, organizaciones aliadas y observadores generamos un espacio de debate, reflexión y propuestas desde la perspectiva indígena amazónica en torno a la defensa y protección de los líderes y lideresas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. Y, frente al incremento de las amenazas, criminalización y el asesinato de más de 31 hermanos y hermanas indígenas por luchar en defensa de nuestros derechos y territorios, que representan 18,251,404 hectáreas y abarcan comunidades nativas afiliadas a AIDESEP, reservas indígenas y áreas naturales protegidas por los pueblos indígenas, manifestamos lo siguiente:

1. Exhortamos al gobierno peruano a que garantice una partida presupuestaria específica para que las entidades implementen mecanismos de protección para salvaguardar la vida de los líderes defensores y defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas, medidas concretas y efectivas, en un contexto creciente de asesinatos, violencia, hostigamiento e intimidación.
2. Exigimos al gobierno peruano el respeto al derecho de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la formulación, aplicación y evaluación de los planes, programas, mecanismos y políticas referentes a la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos. Así como el respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado cada vez que se adopte una medida legislativa y/o administrativa que pueda afectar nuestros derechos colectivos.
3. Exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales que respeten, respalden y valoren públicamente las iniciativas comunales de autodefensa y protección territorial, que incluyen el monitoreo y vigilancia de las comunidades y la aplicación de la justicia indígena, según el artículo 149 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
4. Exhortamos al gobierno peruano a que proteja efectivamente los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que son defendidos por AIDESEP y la Plataforma Nacional PIACI. El Estado no debe retroceder ni ceder ante los intereses de grupos empresariales y redes criminales dedicadas al narcotráfico, la tala ilegal de madera, extracción de petróleo, minería ilegal, agricultura ilegal, y gobiernos regionales que comparten el interés en saquear los territorios indígenas, a pesar de que ello implique la destrucción y el inminente exterminio de nuestros hermanos PIACI.
5. Exhortamos al gobierno peruano a que desarrolle mecanismos institucionales, administrativos y judiciales para cumplir con sus obligaciones y compromisos nacionales e internacionales para la protección de los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas; y garantizar un entorno seguro y propicio en nuestros territorios que nos permita gozar de nuestros derechos.
6. Solicitamos al gobierno peruano el reconocimiento de la labor de las mujeres indígenas como defensoras de los derechos colectivos e individuales, ya que muchas veces son invisibilizadas en la lucha por la defensa de los territorios. Para ello, es necesario que se adopten medidas específicas y urgentes.
7. Expresamos nuestra solidaridad con las familias y comunidades de los más de 31 defensores asesinados por defender sus territorios y derechos colectivos, quienes perdieron la vida por denunciar la presencia de actividades ilegales sin obtener una respuesta efectiva de parte del gobierno y cuyos crímenes siguen impunes. ¡Justicia para nuestros hermanos y hermanas!
8. Exigimos a la Presidencia del Consejo de ministros (PCM) que desarrolle un plan urgente, a nivel multisectorial, para abordar la problemática de siembra y producción ilícita de coca en territorios indígenas; y que declare las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Junín, Cusco y Huánuco en emergencia debido al narcotráfico, que representa una permanente amenaza a las vidas de los defensores y defensoras indígenas.
9. Exigimos al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y al Ministerio Público que prioricen la reforma de los sistemas judiciales existentes teniendo en cuenta el respeto de los derechos de la justicia indígena y la coordinación entre ambas jurisdicciones (artículo 149 de la Constitución). Además, que se garantice la asignación de presupuesto a las entidades competentes (fiscalías ambientales y de Interculturalidad, Derechos Humanos y Terrorismo), para que cumplan su función y puedan atender las alertas tempranas, así como el registro de amenazas de riesgos a los defensores y defensoras de derechos humanos.
10. Exigimos al Congreso de la República implementar el proceso de consulta de los proyectos de Ley que afectan a los pueblos indígenas. En tal sentido, retomar los Proyecto de Ley N° 6772/2020-CR (Ley que promueve, reconoce y protege a los defensores de derechos humanos) y el Proyecto de Ley N° 6625/2020-CR (Ley para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos), que deben contar con la participación y consulta de las organizaciones y pueblos indígenas.
11. Exigimos al Ministerio del Interior (MININTER) que, en el plazo establecido, apruebe el Protocolo de Actuación para la implementación de las medidas de protección para personas defensoras y que incluya estrategias de financiamiento que permita la implementación del Mecanismo Intersectorial y los lineamientos del Plan de Actividades para lograr la oportuna ejecución de dichas medidas. Así como al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que emita la Resolución Viceministerial que aprueba la alerta temprana en el plazo establecido.
12. Exhortamos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) que determine su rol en la prevención de las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, en el marco de la titulación de territorios indígenas. Y solicitamos que se aborde de manera urgente las causas estructurales del problema de la seguridad jurídica de los territorios indígenas porque estas contribuyen a las amenazas y violencia hacia los defensores indígenas.
13. Demandamos al MIDAGRI que implemente mecanismos urgentes para el cierre de la brecha en el saneamiento físico legal en la Amazonía, priorizando la titulación, demarcación, delimitación, ampliación y registro de los territorios indígenas, incluyendo a los pueblos y naciones indígenas.
14. Requerimos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que apruebe e implemente mecanismos de reparaciones individuales y colectivas como sistema de resarcimiento económico a favor de los deudos, las familias dependientes de las personas defensoras de derechos humanos y a sus comunidades.
15. Exigimos al MININTER la urgente elaboración de lineamientos (protocolos) de procedimientos de la Policía Nacional del Perú para la protección eficaz y eficiente de las defensoras y defensores de derechos humanos con enfoque intercultural. Estos lineamientos deben servir para la operatividad e implementación del nuevo mecanismo intersectorial en la práctica.
16. Exigimos al gobierno peruano, a través del Ministerio Público y el Poder Judicial, que investigue y sancione a los responsables de los crímenes de nuestros hermanos asesinados por defender sus territorios de actividades ilegales. Estas muertes se pudieron evitar porque en múltiples oportunidades ya habían alertado sobre las amenazas contra sus vidas.
17. Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, organizaciones aliadas, iglesias y sociedad en general a permanecer alertas y sumarse a la lucha y protección de la vida e integridad de los defensores y defensoras indígenas.