Reunidos, en la ciudad de Lima los días 24 y 25 de mayo de 2025, en nuestra Asamblea del Consejo de Coordinación Ampliado (CCA) con participación del Consejo Directivo Nacional, autoridades indígenas de las 9 organizaciones regionales, líderes, lideresas y representantes de las juventudes, luego de analizar el contexto actual, manifestamos a la opinión pública y a las entidades estatales y de las entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , las siguientes demandas y propuestas:
Rechazamos las políticas y normas regresivas por parte del Congreso y el Ejecutivo en contra de los derechos de los pueblos indígenas y solicitamos la derogatoria inmediata de la reciente modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI (Ley N.º 32301) porque limita el derecho al acceso a la justicia, y es un intento de represión política y censura a las organizaciones indígenas, aliados y sociedad civil que defendemos derechos de los abusos del Estado. También la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que legaliza actividades mineras ilegales y “legales” (tajos abiertos en Alto Amazonas y San Martín) en territorios indígenas y áreas sensibles, representando una amenaza directa al patrimonio amazónico nacional y a nuestra integridad territorial y cultural. Esto es parte de una ofensiva legislativa del 99% del Congreso de la República que busca debilitar el marco institucional de protección de los derechos indígenas.
Exigimos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario, y a los Gobiernos Regionales que salden la deuda histórica sobre la seguridad jurídica de los territorios indígenas integrales, “sin cesión en uso”. Esto implica la titulación, demarcación, delimitación, ampliación y registro. Los procesos de titulación deben ser interculturales, ágiles, con enfoque de integralidad territorial y respetando nuestra libre determinación. La fragmentación y superposición de derechos sigue siendo una estrategia estatal racista para generar conflictos, inseguridad jurídica y despojo. Asimismo, demandamos abrir procesos de reconocimiento y titulación de territorios indígenas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), pues su manejo y gestión por pueblos indígenas no son incompatibles con la conservación, tal como lo reconoce el Poder Judicial en una sentencia sobre el territorio del pueblo Kichwa en San Martín y el relator de los Pueblos Indígenas de la ONU. Lamentamos que el proyecto de titulación PTRT3 haya fracasado y afectado a las comunidades, violado las salvaguardias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como lo señala su propio mecanismo de quejas.
Rechazamos el abandono del Estado frente al incremento de amenazas, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras indígenas, que protegen sus territorios frente al narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, exigimos la implementación efectiva y urgente del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos con enfoque intercultural y participación indígena, en coordinación con nuestros sistemas de autoprotección, así como otras medidas de protección, atención y reparación integral para las familias, deudos y comunidad que exigen justicia contra la impunidad en los casos Saweto, del apu Quinto Inuma, los hermanos Kakataibo, entre otros.
Exigimos al Estado que implemente acciones en contra de la catástrofe climática incontrolable. Terminamos el año 2024 con la mayor pérdida de bosques amazónicos por incendios forestales e iniciamos este 2025 enfrentando los impactos de las inundaciones que dejaron comunidades, centros de salud y escuelas bajo el agua. Mientras tanto, el Estado continúa promoviendo un modelo extractivista depredador que acelera la deforestación, el colapso climático y la pérdida de la biodiversidad. Las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático llegan tarde, mal o nunca e ignoran las propuestas de emergencia indígenas. No se reconoce ni se respalda adecuadamente el rol protagónico de los pueblos indígenas en la conservación productiva y cultural de los bosques, ni en la reducción y prevención de los impactos de la crisis climática. Resulta necesario implementar iniciativas propias como la propuesta de REDD+ Jurisdiccional Indígena en zonas con alta cobertura boscosa y baja deforestación (HFLD, por sus siglas en inglés) para lograr acciones territoriales e impulsar una distribución de beneficios justa y con respeto de derechos.
Pedimos aclaración sobre el acuerdo entre el Estado y las transnacionales sobre el polémico convenio entre el Consorcio Camisea, operado por Pluspetrol y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), suscrito con el supuesto y aparente propósito de “conservación y gestión sostenible” de la Reserva Comunal Machiguenga y del Parque Nacional del Manu. Asimismo, alertamos sobre la participación indígena no especificada claramente y la intervención de una empresa extractiva en territorio indígena. En esas dos ANP viven desde hace siglos varios pueblos indígenas, por lo que las áreas protegidas son parte del territorio indígena y, por ende, deberían ser sometidas a consulta previa todas las acciones que podrían afectar los derechos colectivos, así como las posibles afectaciones a la salud humana por riesgos indirectos ante el avance lucrativo de la industria extractiva.
Rechazamos el despojo del territorio para edificaciones de Educación y Salud en comunidades nativas, ya que en muchas de ellas, se viene cometiendo una vulneración de los derechos territoriales indígenas mediante la aparente “donación” de parte de los territorios. Esto encubre una expropiación y despojo bajo el falso y coactivo argumento de que solo así se puede construir infraestructura de salud o educación, llegando a presionar a las autoridades comunales —muchas veces sin conocimiento ni asesoría legal exigible— para que firmen contratos que carecen de base legal. En lugar de donar, las comunidades podrían optar por una cesión en uso, lo que les permite conservar la propiedad dichas áreas e impide que sean puertas de entrada para autoritarismos estatales para favorecer la eterna colonización. Es preciso recordar que la propiedad comunal es imprescriptible y los procedimientos seguidos son ilegales. Además, manifestamos que las comunidades tienen el derecho de exigir la devolución de las áreas donadas de manera irregular y su cambio a cesión de uso delimitado.
Exigimos al Ministerio de Salud y Gobiernos regionales que se garantice el derecho a la salud con pertinencia cultural e intercultural. La pandemia de la Covid-19 evidenció el abandono estructural racista que vivimos los pueblos indígenas en materia de salud. Hoy, a pesar de la emergencia vivida, no se ha fortalecido un sistema de salud intercultural con presencia efectiva en las comunidades y con personal indígena capacitado. La indiferencia estatal ante las enfermedades tropicales, la salud mental, toxicidad extractivista y las afectaciones territoriales sigue cobrando vidas de adultos y niños.
Por tanto, exigimos:
- Derogar o revisar a profundidad la modificatoria de la Ley APCI (Ley N.º 32301) por su afectación al derecho al acceso a la justicia, la libertad de asociación y participación de la sociedad civil y la defensa de los derechos indígenas, que puede avanzar a derechos privados, empresariales u otros que no “gusten” a los políticos de turno.
- Rechazar toda norma que promueva la minería en territorios indígenas, sea la aparentemente “legal”, la engañosa “informal” y la violentamente ilegal, incluyendo la prórroga del Reinfo.
- Garantizar la transparencia, consentimiento previo y participación efectiva de los pueblos indígenas en acuerdos entre el Estado y las empresas privadas en temas que pueden afectar directamente los derechos territoriales, así como el acceso a los recursos naturales y la diversidad biológica.
- Saldar deudas históricas, acelerar y garantizar procesos de titulación integral de los territorios indígenas, con participación efectiva y enfoque territorial.
- Detener los procesos de “donación” de territorios indígenas y que en su lugar se aplique la cesión de uso, revirtiendo todas las donaciones realizadas por ser ilegales.
- Implementar medidas reales y urgentes para proteger a los defensores y defensoras indígenas, y no quedarse en insuficientes “normas” y “mecanismos” de papel.
- Financiar e implementar políticas públicas de cambio climático con protagonismo indígena, especialmente ante los incendios, inundaciones y sequías que se agravarán.
- Garantizar el derecho a la salud indígena con enfoque intercultural, territorial y de igualdad de género.
Desde nuestras organizaciones y territorios, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la Amazonía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¡No permitiremos más retrocesos ni violaciones a nuestros derechos fundamentales, ni tampoco de la ciudadanía en general ni del patrimonio natural nacional!
¡Amazonía viva, Perú y humanidad seguros con territorios y derechos colectivos indígenas!
