A diecisiete días de dar inicio al juicio denominado “Curva del Diablo”, en el que se juzgará a 53 ciudadanos, todos ellos líderes indígenas, por lo lamentables sucesos ocurridos en Bagua el 05 de junio del 2009. Este proceso trae consigo una desventaja legal y una carga política muy clara; pues por primera vez en la historia del Perú una sala penal procesará a más de 50 personas, asimismo de llegar a condenarse a los líderes y dirigentes indígenas (con penas de 35 años a cadena perpetua), indirectamente se estaría criminalizando y judicializando la protesta.
Por estas y muchas otras razones es que este proceso judicial, es de interés publico nacional e internacional y político, recordemos que el 09 de junio del 2011 el Congreso de la República votaron con 41 votos a favor y 21 en contra para que se incluya en el proceso judicial a los actores políticos responsables de lo ocurrido (Mercedes Cabanillas, Yehude Simons, Mercedes Aráoz,).
Han pasado casi cinco años desde que sucedieron aquellos lamentables hechos en Bagua, se han presentado innumerables alegatos y sustentos en los que se demuestran que este proceso debería ser archivado sin embargo pese a no existir pruebas de la culpabilidad de los dirigentes indígenas incluido Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP; el proceso para él y los 52 dirigentes ha seguido su curso hasta hoy.
El juicio iniciará el 14 de mayo, y este proceso como tal marca un antes y un después en los pueblos indígenas y en la sociedad en su conjunto, pues desde lo ocurrido los pueblos indígenas representados por AIDESEP, han demostrado con hechos, iniciativas y propuestas que ellos no se oponen al desarrollo como mucho se dijo, y plantean una alternativa de desarrollo a través de su Plan Amazónico de Vida Plena, el cual contiene 09 ejes programáticos concernientes a temas como territorialidad, Manejo Forestal, Monitoreo y Mitigación Socioambiental, Derechos Colectivos, Solución de Conflictos entre otros , además de su participación en el fondo FIP y el reglamento de la Ley Forestal.
A este proceso de defensa y ratificación de los derechos de los pueblos indígenas también se ha sumado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal – IDL entre otros organizaciones.
Por su parte la Defensoría del Pueblo, ente gubernamental remitió el pasado 14 de abril un oficio a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas – Luz Carolina Vigil Curo, a quien le solicitaron tomar las medidas adecuadas para garantizar el debido proceso, además de sugerirle que el juicio se realicen sesiones diarias a fin de culminar el proceso en un plazo razonable.
