El pasado 29 de noviembre, mientras se daba inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 28), en la ciudad de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), en Perú fue asesinado el líder indígena Quinto Inuma Alvarado. Sumando este nombre a la larga lista de defensores indígenas asesinados por defender sus territorios de actividades ilegales como la tala, la minería, el tráfico de tierras y el narcotráfico.
En la Amazonía peruana se viven constantes atentados contra los defensores y defensoras indígenas, que han ocasionado que más 30 líderes y lideresas indígenas hayan sido asesinados, de acuerdo a las cifras del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Esta grave situación se debe principalmente a la inoperatividad del Estado que no implementa medidas efectivas para garantizar la protección de los defensores indígenas, ya que, si bien existe el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, este resulta insuficiente para garantizar la vida de los líderes indígenas.
“Todos los líderes asesinados buscaban Justicia para sus pueblos. Quinto ya no está con nosotros, buscaba justicia para su comunidad, para su territorio y la única forma de callar su voz ha sido asesinándolo”, menciona el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
Impunidad en casos judicializados
A la gran vulnerabilidad y los mecanismos estatales inoperativos, se suma la impunidad y falta de justicia en los casos de defensores indígenas asesinados. Un claro ejemplo es el caso Saweto: han transcurrido más de nueve años del cruel asesinato de los líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto (Ucayali), Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo. Ellos habían denunciado durante varios años las mafias de taladores ilegales que operan en sus territorios ancestrales.
Como se recuerda, el primer juicio oral por el asesinato de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo concluyó en febrero de este año con una condena de 28 años de prisión para los asesinos. Sin embargo, en agosto, la Sala de Apelaciones anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. Ahora las familias de los líderes asesinados enfrentan un nuevo juicio oral que los expone y vulnera sus derechos, tras casi 10 años de impunidad.
Este caso emblemático sienta un precedente para otros casos que siguen en impunidad, como son los de Arbildo Meléndez en Huánuco y Santiago Contoricón en Satipo, entre otros líderes asesinados.
Frente a esto, a través del Programa de Defensores Indígenas, AIDESEP propone fortalecer los mecanismos propios de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la formas de organización interna y sistemas de autoprotección como las guardias indígenas.
