La minería ilegal está provocando abandono de hijos por parte de madres que afecta directamente la integridad de niños y jóvenes en las comunidades.
En la Mesa de Trabajo organizada el 7 de noviembre por la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Silvana Robles, los gobiernos territoriales Wampís y Awajún presentaron un reporte alarmante sobre los impactos de la minería ilegal en sus territorios.
La reunión evidenció cómo la expansión de dragas, campamentos y redes criminales está provocando contaminación, violencia y cambios sociales que antes no se observaban en las comunidades.
Desde el territorio Wampís, el profesor Julio Hinojosa explicó que la minería, formal o ilegal, destruye playas, contamina ríos y degrada la convivencia comunitaria.
“El uso de mercurio y cianuro ya afecta peces y fuentes de agua. La presencia de alcohol, armas y redes ilegales altera el desarrollo de niños y jóvenes”, recalcó Hinojosa.
Además, señaló que, para la comunidad, la minería, ya sea formal o ilegal, representa un mismo riesgo y no debería desarrollarse en su territorio.
Destacaron que ambas formas de explotación afectan gravemente el ecosistema y no son compatibles con la fragilidad ambiental de la Amazonía.
En el caso de las comunidades Awajún, el pámuk Gil Inoach destacó que la multiplicación de dragas en el Cenepa, el Santiago y el Alto Marañón, efecta la alimentación tradicional y la gobernanza comunal.
Dante Sejekam, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA (ODECOFROC) advirtió sobre la llegada desde Ecuador de maquinaria, combustible y armas que fortalecen a grupos criminales.
“Antes no existían estas actividades. Ahora, los jóvenes están aprendiendo malas actitudes y comportamientos que antes no veíamos. Esto nos preocupa profundamente”, indicó.
La afectación sobre las mujeres y niñas fue resaltada por Angélica Nujigkus, lideresa ODECOFROC. “Nuestra presencia es porque realmente necesitamos que nos ayuden”.
“Antes vivíamos bien en nuestro Amazonas, usábamos el agua. Ahora ya no podemos. Hay demasiada contaminación”, añadió Nujigkus Sejekam.
Los líderes denunciaron de manera unánime que el vertimiento de mercurio contamina los ríos y los peces de manera silenciosa, generando además enfermedades poco frecuentes entre las comunidades.
Se generan también impactos sociales graves, muchas madres abandonan a sus hijos al involucrarse con jóvenes mineros. Exigieron un apoyo efectivo y sostenido por parte del Estado.
Dante Sejekam alertó que grupos criminales provenientes de Ecuador y de Pataz están influyendo directamente en los jóvenes, promoviendo el alcoholismo, la violencia y conductas destructivas.
Señaló que estas actividades están alterando la forma de vida de las comunidades y comprometiendo la integridad de niños y adolescentes, por lo que urgió la intervención del Estado y la captura de quienes impulsan estas prácticas.
Ambos Gobiernos Territoriales Autónomos (Wampís y Awajún) presentaron demandas concretas: declarar Estado de Emergencia en las cuencas afectadas, implementar un plan de interdicción permanente y sin filtraciones.
Además de cerrar rutas ilegales hacia Ecuador, reconocer oficialmente sus sistemas de control territorial como Los Charip, fortalecer puestos militares y promover alternativas económicas sostenibles como bionegocios, piscigranjas y producción comunitaria.
Finalmente, los representantes advirtieron que la continuidad de la minería ilegal amenaza la salud, la seguridad y la vida en toda la región.
Recordaron que defender sus territorios protege sus culturas y las cabeceras de los ríos que abastecen gran parte de la Amazonía.
