Paohyan es una comunidad Shipibo – Konibo, ubicada en los límites entre las regiones de Loreto y Ucayali, que se auto declaró en emergencia ante la deforestación de su territorio y el abandono del Estado peruano.
El abandono del Estado peruano y la presión al territorio generada por actividades como la deforestación, la tala ilegal y el narcotráfico, la Comunidad Nativa Paohyan se declaró en estado de emergencia y alerta máxima, en el marco de una reunión realizada los días 28 y 29 de marzo.
La finalidad de dicha reunión fue identificar y evaluar los problemas que impactan al territorio comunal y que ponen en riesgo la vida de la población. La comunidad también denuncia la impunidad frente a la inacción de las autoridades ante las múltiples denuncias ambientales que a la fecha no han sido procesadas.
“Exigimos al Estado peruano que brinde su rol efectivo de proteger y tutelar el estado de derecho de los pueblos indígenas, garantizar la seguridad jurídica de nuestros territorios comunales, brindar protección de nuestros principales líderes que viven bajo amenazas y hostigamientos. Finalmente invitamos al presidente de la república señor Pedro Castillo Terrones y su gabinete ministerial para escuchar y recoger las demandas del Perú profundo”, señaló el Apo Koshi de la comunidad, César Panduro.
En ese sentido, las autoridades comunales, defensores de derechos humanos del Pueblo Shipibo, comuneros y comuneras acordaron fortalecer sus propios sistemas de vigilancia territorial, implementar mecanismos de auto protección colectiva desde el enfoque de los pueblos indígenas y articular los esfuerzos con organismos de derechos humanos para proteger su territorio y derechos colectivos.
A su turno, el presidente de Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez (FECIDPAM), David Ruiz, instó al Estado a cumplir y respetar los tratados internacionales de derechos humanos y sus compromisos financieros de protección efectiva de los bosques y territorios amazónicos.
Con la declaratoria de emergencia, no podrán ingresar al territorio comunal personas foráneas a excepción de funcionarios del Estado y representantes de ONGs aliadas, debidamente acreditados por AIDESEP y ORAU.
La reunión fue convocada por la FECIDPAM, con el apoyo de la Iniciativa de Tolerancia Cero (ZTI).
