“Mapa de la zona donde ocurrió el enfrentamiento entre clanes de pueblos aislados.”
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – Coica exhortó a las autoridades del Estado ecuatoriano a ampliar las medidas cautelares de protección a los pueblos no contactados, a propósito de las muertes suscitadas en Yarentaro (Orellana) de dos ancianos huaoranis por parte del clan taromenane y, en venganza, de un número indeterminado de taromenanes. Estos hechos se registran en una zona en la que rigen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2007, para proteger a los no contactados (taromenanes y tagaeris). En respuesta, el Estado ecuatoriano creó el Plan de Medidas Cautelares en el 2007. “Los dos últimos acontecimientos (ataque a ancianos y venganza por su muerte) ocurridos en territorio huaorani y taromenane del Parque Nacional Yasuní, no son más que el reflejo del incumplimiento por parte del Estado de los derechos garantizados en instrumentos internacionales y en la propia Constitución…”, cita el documento de la Coica, formada por entes que representan a indígenas de nueve países, cuyos delegados se reunieron en Santa Cruz (Bolivia). Este es uno de los varios manifiestos que se dan luego de los ataques, a los que la ministra de Justicia (e), Carmen Simone, calificara como “un enfrentamiento entre clanes indígenas”, del que el Estado no es el responsable. Inclusive el número de muertos taromenanes, que según dirigentes huaoranis serían 30, no se ha determinado.
