A mediados de febrero de 2023, luego de un largo proceso judicial y a más de ocho años del asesinato de los líderes de la comunidad ashéninka Alto Tamaya-Saweto: Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a 28 años y tres meses de cárcel a los cinco responsables (en primera instancia).
Se trata de los madereros Hugo Soria, Euricio Mapes, José Estrada y los hermanos Segundo y Josimar Atachi, quienes fueron encontrados culpables como autores materiales e intelectuales del crimen, producido el 1 de septiembre de 2014.
Al conocerse esta sentencia, las viudas y familiares de los líderes indígenas asesinados manifestaron que “ninguna pena de cárcel o compensación económica nos devolverá a nuestros muertos, a los padres de nuestros hijos”. Además, alertaron sobre las amenazas que enfrentan en la comunidad, donde aún siguen realizándose actividades ilegales a pesar de ya contar con el título de propiedad.
Esto se produjo en una conferencia de prensa que realizaron las familiares, junto con su asesor legal, Óscar Romero, el pasado 27 de febrero, día en el que se leyó la sentencia completa.
“Como defensa hemos presentado antes el Ministerio Público un pedido para que las viudas y familiares ingresen al programa de protección de víctimas y testigos, pero hasta ahora no tienen protección efectiva. No se cumple el tema logístico-operativo por parte del Estado con las familias”, señaló Romero.
Recordemos que, antes del crimen, el jefe de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, Edwin Chota, había denunciado la presencia de taladores ilegales ante diferentes instancias sin recibir una respuesta. Asimismo, había alertado sobre diversas amenazas que estos grupos habían realizado contra su integridad y la comunidad.
Opinión legal
De acuerdo a diferentes opiniones de especialistas y la asesoría legal de AIDESEP, el proceso judicial ha sido muy largo para llegar a la sentencia en primera instancia, que ya ha sido apelada y será vista en segunda instancia.
Además, tanto el abogado de las familias como la Fiscalía habían pedido una condena mayor. Y ahora se espera que en segunda instancia se logre justicia y que el Poder Ejecutivo resuelva a la brevedad posible, ya que la justicia tardía no es justicia.
Es importante mencionar que el asesinato de líderes indígenas afecta a las familias y a la comunidad para las que se debe garantizar la reparación integral. Así como la protección de las familias ante las amenazas que surgen por exigir justicia.
Tal como lo manifiesta Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos: “desde que empezamos a reclamar justicia, hemos recibido amenazas. El Estado debe cumplir como debe ser. Esta lucha no es fácil. Yo, como mujer, he dicho bien claro que he venido sufriendo para buscar que me escuchen, que me hagan caso, que no me ignoren”, indicó.
Frente a ello, es fundamental que desde el Estado se asegure la creación de mecanismos adecuados que permitan la protección y la reparación efectivas para las familias de los defensores y defensoras indígenas asesinadas.
