La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) emitió un comunicado dirigido al Director de la Oficina de la Organización del Trabajo (OIT) para los Países Adinos, Philiooe Vanhuynegem, donde alertan del peligro que corren los pueblos aislados, presumiblemente Toromonas, de la Cuenca Madre de Dios del área Nueva Esperanza, en el Norte del departamento de La Paz.
En el documento se señala que los trabajos de exploración gasífera y petrolera del Proyecto Adquisición Sísmica 2D, representan un grave peligro para la vida de los pueblos aislados que se encuentran alrededor, sobre todo porque los trabajos en la zona no han cesado, a pesar de que la Ley 450 de la Legislación boliviana “Ley de protección a Naciones y Pueblos Indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad”, debería proteger su integridad y sus derechos.
En ese sentido se señala que el Gobierno Boliviano a través de su organización Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), indicó que “no tienen información de ningún pueblo no contactado”. En conferencia de prensa su presidente, Guillermo Achá señaló que las informaciones que señalan la existencia de pueblos aislados en la zona de Sísmica 2D estarían “distorsionadas” por lo que se continuarían con todas las actividades programadas.
Esta conferencia de prensa se realizó para desestimar el informe que llegó al gerente del proyecto Sísmica 2D de YPFB, Iván Zeballos, que lleva como referencia “contacto con miembros de pueblos indígenas originarios en la línea 11031”, en el que se describe que el grupo de trabajo “Topografía 10” de la compañía china BGP que opera la zona afirmó haber escuchado voces y gritos acercándose hasta 100 metros de distancia de su posición y que al retirarse observaron senderos y huellas humanas.
Frente al notorio desdén de las autoridades Bolivianas por querer reconocer la existencia de estos pueblos en aislamiento, es que la CIDOB decidió tomar acción a través de la OIT, señalando las constantes amenazas del Gobierno como fuertes represiones por protestas, intimidación a los financiadores y asociaciones aliadas y exilio de dirigentes indígenas; ya que estos antecedentes muestran el accionar que los gobernantes tendrían frente a las problemáticas de las poblaciones asiladas y su deseo de desaparecer a estos pueblos que tienen menos oportunidades para tener voz, exigir y reclamar sus derechos.
