AIDESEP y Rainforest Foundation Noruega reaccionan de forma positiva al acuerdo entre el Perú y Noruega para reducir la deforestación, firmado en Nueva York hoy 23 de septiembre; pero las dos organizaciones alertan que se necesitan urgentemente mejoras significativas en la política y la práctica del Perú sobre bosques y derechos de pueblos indígenas, para detener la destrucción de bosques en el Perú.
AIDESEP es la principal organización de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana, mientras Rainforest Foundation Noruega (RFN) es una organización con base en Noruega que trabaja a nivel internacional a favor de los derechos de los pueblos indígenas y la protección del bosque tropical.
En el acuerdo, Noruega se compromete a pagar USD 300 millones a Perú, si Perú toma medidas específicas para mejorar su política forestal y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por deforestación y degradación de bosques. AIDESEP y RFN esperan que eso implique un cambio significativo en el manejo forestal del Perú. Últimamente, Perú ha debilitado su política ambiental referente a bosques. Como muestran datos publicados recientemente por RFN, Perú no logró reducir su tasa de deforestación durante el último decenio.
Según Global Forest Watch, en 2012, Perú perdió 246,000 hectáreas de cobertura forestal, lo cual era más del doble del año anterior.
Pueblos indígenas de la Amazonía dependen de los bosques para su supervivencia, pero enfrentan amenazas siempre más grandes de tala, de proyectos extractivistas y de otras incursiones en sus territorios ancestrales. Este mes, cuatro dirigentes indígenas luchando contra tala ilegal fueron asesinados, y hasta ahora el gobierno no ha tomado medidas decisivas para la titulación de la comunidad Saweto, el origen del conflicto.
Es positivo, que las partes firmantes del acuerdo quieren promover políticas públicas contra la tala ilegal y otras causas de deforestación y degradación de bosques; que quieren terminar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo para uso agrícola, y es urgente se cumplan para el caso de la palma aceitera. Además, el acuerdo define claramente fases de preparación, transformación y reducción de emisiones, vinculando las contribuciones económicas con el cumplimiento de estas obligaciones. Perú tendrá que cumplir tanto en mecanismos de implementación como en cambios en políticas durante las dos primeras fases, para poder entrar en la tercera fase. Será necesario un monitoreo detallado y la participación plena y efectiva de pueblos indígenas en todos los procesos, para que este acuerdo sea implementado y para que el Perú cumple con sus obligaciones según convenciones internacionales.
AIDESEP y RFN llaman a ambas partes del acuerdo, que eviten el riesgo de que el acuerdo resulte siendo nada más una carta de intenciones sin convertirse en hechos, debido a los conflictos de interés fuertes que existen dentro del gobierno Peruano y debido a textos débiles sobre el control de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Puntos claves que deberían ser fortalecidos son las políticas para evitar más conversión de tierras de uso indígena a otros usos; asegurar transparencia y participación plena de los pueblos indígenas y de la sociedad civil; y la implementación de un reglamento de la ley forestal que incluya medidas contra más degradación de bosques y promoción estatal efectiva del manejo forestal comunitario.
El acuerdo confirma que habrá un incremento grande en la delimitación y titulación de tierras indígenas. Los pueblos indígenas amazónicos han registrado reclamos por la titulación de 20 millones de hectáreas de sus tierras ancestrales en la Amazonía Peruana, y experiencias de otros lugares demuestran que donde pueblos indígenas controlan sus tierras, también protegen los bosques.
Este acuerdo debe ser visto como un primer paso hacia el reconocimiento de los reclamos por titulación de los territorios de los pueblos indígenas, y del rol de las organizaciones indígenas como socio imprescindible en la lucha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es suficiente titular solamente comunidades indígenas, que es el enfoque del acuerdo. Perú necesitará incorporar el derecho colectivo de pueblos indígenas a sus territorios, acorde a las obligaciones que el país ha asumido al firmar y ratificar la Convención 169 de la OIT; y titular sus territorios completos incluyendo áreas de uso ancestral.
Es necesario el control efectivo de los pueblos indígenas sobre territorios de la selva Amazónica para proteger el bosque y su biodiversidad contra destrucción, y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
