“Una muestra de la decisión política – policial de despejar la carretera Fernando Belaúnde Terry a cualquier costo.”
El CDN de la Aidesep, a través de un pronunciamiento dirigido a la opinión pública nacional e internacional, rechazó la decisión de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua de abdicar en sus funciones judiciales y transferir el caso de “Curva del Diablo” a la Sala Penal Nacional, cometiendo una medida inconstitucional y que nuestra institución va a oponerse con la presentación de un recurso de nulidad de esta decisión. En el documento, censuramos que la Sala Penal Nacional -establecida para los delitos criminales como “terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas”- incluya este caso como si fuera lo mismo, como si las justas luchas de los pueblos indígenas para la pervivencia de las comunidades y la humanidad como fue lo ocurrido en la movilización indígena del 2008 – 2009, sean actos de terrorismo, y eso no lo vamos a permitir. Frente a esta ofensiva no nos queda más que organizarnos y defender los derechos de los indígenas sometidos a este tipo de persecución penal por lo que anunciamos: a) Agotar todos los mecanismos legales para que en los procesos penales derivados de los hechos de Bagua sean visto dentro del marco constitucional. b) Solicitar audiencias con diversas instancias del Estado para rechazar, denunciar y demostrar las medidas arbitrarias que se está tomando en contra de los líderes indígenas de la amazonia. c) Denunciar ante la CIDH y la ONU y solicitar audiencias internacionales sobre esta esta forma de persecución penal que constituye una amenaza al estado de derecho. d) Dialogar con otras organizaciones sociales del país con la finalidad de coordinar esfuerzos para enfrentar esta ofensiva de criminalizar las justas luchas sociales. Finalmente, Aidesep responsabiliza a la Sala Penal de Bagua y al Poder Judicial de cualquier hecho que genere abusos suspicacias procesales. Llamamos al ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso Nacional a pronunciarse en defensa del debido proceso, reiterando que se juzgue a los verdaderos responsables (Alan García, Mercedes Cabanillas y generales PNP incompetentes) y no avalar por omisión el segundo “Baguazo” de volver a golpear a los pueblos y líderes indígenas con la criminalización de sus justas luchas de sobrevivencia. Llamamos a las organizaciones indígenas y de derechos humanos y opinión pública nacional e internacional a pronunciarse para exigir justicia, paz, dignidad y respeto a los pueblos indígenas dentro del Estado peruano y la proclamada “inclusión social”. Leer pronunciamiento completo.
