A través de esta demanda de amparo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) busca que la Corte Superior de Justicia de Lima ordene suspender el procedimiento legislativo en torno al Proyecto de Ley N° 3518/2022 que propone modificar la Ley N.° 28736, Ley PIACI. Esta iniciativa legislativa de la bancada fujimorista plantea que los gobiernos regionales deben tener la competencia del reconocimiento, mediante ordenanza regional, de la existencia de los PIACI, así como la categorización y extinción de reservas indígenas.
Este proyecto de Ley no solo pretende facultar a los gobiernos regionales para extinguir o revocar las reservas indígenas ya creadas, sino también pretende facultar a los gobiernos regionales para revocar los reconocimientos de la misma existencia de los PIACI y así desaparecer a pueblos enteros cuya existencia ya ha sido reconocida de manera formal por el Estado peruano. También propone suspender de manera indefinida a los procesos de creación de nuevas reservas, algunas de las cuales ya vienen esperando casi 20 años para su creación. Por ende, la aprobación de este proyecto de ley implicaría nada menos que el genocidio y exterminio total de los 25 pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial que viven en el Perú y quienes son ciudadanos peruanos y sujetos de derechos como cualquier ciudadano.
El proyecto legislativo N° 3518/2022-CR promoverá el exterminio los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), por lo que instituciones como la Defensoría del Pueblo y MINCUL han emitido opiniones que rechazan esta iniciativa legislativa. Asimismo, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) ha presentado una demanda de amparo el 20 diciembre en contra del mismo proyecto legislativo.
Finalmente, esta demanda busca que se declare la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y territorio de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI), así como la vulneración del derecho a la consulta previa de las organizaciones indígenas representativas de los PIACI, como consecuencia de la tramitación del “Proyecto de Ley N° 3518/2022.
