La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, junto a otras organizaciones sociales, ONGs y sociedad civil participaron este martes 16 de junio, de la segunda reunión técnica en el marco de construcción del documento “Análisis político, normativo y técnico de la situación del subsector hidrocarburos en el Perú”, instrumento que es impulsado por la ONG, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
El objetivo de la reunión es construir una propuesta técnica con la participación de todos los actores, y que está recoja todos aportes brindados, para el fortalecimiento de los SEIA (sistema nacional de evaluación de impacto ambiental), específicamente EIA (Estudio de Impacto ambiental) para la actividad de hidrocarburos.
Mercedes Lu, especialista en estudios de impacto ambiental – EIA, hizo una exposición en la cual analiza el sector de hidrocarburos, desde la perspectiva de la producción y demanda de hidrocarburos en el país, la política y legislación de la misma, su marco institucional, los aspectos técnicos ambientales y finalizando en cómo se está llevando a cabo los proceso de evaluación de impacto ambiental EIA (dónde los estudios de impacto ambiental son parte de evaluación).
En ese sentido, lo primero que salta a la vista en la exposición realizada es que si bien el país experimenta un incremento en la demanda de hidrocarburos, donde el gas es el elemento con mayor demanda, esta solo se ve reflejada en las cifras más no en la realidad palpable, prueba de ello, es la región Cusco, que pese a tener un alto porcentaje por canon, no ha mejorado en los aspectos sociales, económicos y educativos. Es decir hemos crecido en cifras pero esta situación no se refleja en las poblaciones locales (poblaciones indígenas amazónicas, andinas y citadinas).
Sumado a ello está el accionar del Estado, en promulgar leyes que buscan “dinamizar la economía”, sin importar los graves riesgos que estos implican, no solo para el país, sino para las poblaciones indígenas, dado que muchas de las concesiones para actividades extractivas se desarrollan en territorio indígena amazónico.
Claro ejemplo de lo que se menciona son las leyes aprobadas por el Congreso como son la 30230 y 30327, que quitan facultades a la OEFA, recortan los plazos para llevar a cabo los estudios de impacto ambiental – EIA, reduciéndolos a procedimientos administrativos, además vulneran el ordenamiento territorial, el pago de servidumbres, entre otros aspectos, que no hacen más que continuar vulnerando derechos indígenas.
Otro de los problemas que se evidenciaron fue la poca o casi nula participación ciudadana en este caso de las poblaciones indígenas y sus organizaciones, quienes en muchos de los casos en los procesos de consulta su participación se ve disminuida solo al principio y no en todo el proceso. Por ello AIDESEP, enfatizó, que es necesario que la ley de consulta promulgada por el Congreso en el 2011, no contempla el DERECHO AL CONSETIMIENTO, PREVIO, LIBRE E INFORMADO, y solo lo reduce a la CONSULTA.Asimismo, se reforzó la idea de impulsar el monitoreo ambiental que realizado por las comunidades indígenas, iniciativa que además surge ante la ausencia del Estado, para ejercer el monitoreo y vigilancia de las actividades hidrocarburíferas. Finalmente, como parte de las recomendaciones se hizo énfasis en la necesidad de crear una guía de remediación e involucrar en el proceso de licitación de los lotes a los pueblos indígenas y sus organizaciones.
