La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en la voz del vicepresidente Jamner Manihuari, presentó a la prensa internacional las resoluciones indígenas, tomadas en acuerdo con sus bases regionales, respecto al proyecto de Ley 3941 y la recientemente aprobada Ley 30230, calificadas como paquetazos ambientales.
EL objetivo de esta reunión organizada por la Asociación de Prensa Extranjera (APEP) fue conversar sobre los conflictos sociales y las demandas de los pueblos indígenas frente a la explotación de los recursos naturales (Aprobación del proyecto de Ley 3941 – Demanda de Inconstitucionalidad de Decreto Ley 30230), además de la histórica demanda territorial de los pueblos en amazonía peruana.
“Reactivadores de la economía llaman a estos proyectos de Ley, que solo reactivaran la desigualdad y conflictos sociales en toda la amazonia por pretender impedir la titulación de los territorios de los pueblos indígenas” expresó el líder indígena Jamner Manihuari, además de informar que los pueblos organizados en regionales han decido tomar acciones de movilización pacífica en sus territorios y a la par continuar con las medidas legislativas ante el tribunal constitucional y otras instancias internacionales, amparados en el convenio 169 de la OIT.
Asimismo, el líder Cocama puntualizó que se han podido revisar y observar que estas leyes si afectan la titulación de los territorios indígenas amazónicos, específicamente en sus artículos 28, 29, 30.1,30.2,30.3,30.4 y otros, que pretende quitar el derecho de propiedad a las comunidades de la amazonía y que estás sean reconocidas dignamente por ser pueblos indígenas.
Una estrategia que en vez de ayudar a salir al país adelante lo perjudica, porque genera un clima conflictivo entre comunidades ya que estas leyes pretenden quitarles derechos a los pueblos indígenas en 4 aspectos el jurídico, territorial, económico y el de su futuro pues deja un situación incierta para ellos.
“Los conflictos surgen porque se ha detenido el proceso de titulación a comunidades indígenas”
Todos estos conflictos surgen porque se ha detenido el proceso de titulación de hace más de 20 años y aún faltan reconocer 1166 comunidades lo cual las deja vulnerables ante actividades económicas que no presentan un correcto estudio de impacto ambiental (EIA), generando no solo el incumplimiento de sus derechos sino también un grave atentado para la biodiversidad como es el caso de la palma aceitera, continuó Espinoza.
“Las políticas agraristas que tiene el Estado para fomentar actividades económicas supuestamente sustentables son las culpables de la proliferación de la Palma Aceitera y también de la deforestación de nuestra amazonia. Además están propiciando la devastación en Lima ya que esta se quedará sin agua producto a que no existirán árboles en la Amazonia para que muevan las nubes de agua a los andes y este en conjunto traiga las lluvias en la costa” afirmó Roberto Espinoza.
Por otro lado, la abogada Silvana Baldovino de SPDA también mencionó el aspecto legal que involucra analizar y comprender porque este tipo de normas vulneran derechos de los pueblos indígenas y porque nuestro país está tomando estas acciones sin antes solucionar los temas de fondo, que no se debaten o ejecutan por falta de voluntad política.
“Yo considero que el tema de INVERSIÓN EN un país como el nuestro es apropiado para el Estado, pero como lo hace ya es otro tema. Más allá del tercer paquetazo o cuarto paquetazo (30230 y PL. 3941) es bastante ilógico y descabellado seguir asignando derechos sobre al uso del suelo, sobre el uso de recursos naturales de la Amazonia, Costa o Sierra si no tenemos claro cuáles son las reales titulares de estos derechos y quienes están adjudicamos en estas zonas”
Finalmente, la abogada Baldovino señalo que más allá de la norma, mientras no tengamos una política del país clara de asignación y reconocimiento de las tierras de los territorios de los pueblos indígenas de comunidades campesinas o nativas, existe la posibilidad latente que cualquier modificación o asignación de normas van a generar una vulneración de los derechos de estos los pueblos.
