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AIDESEP, autonomías indígenas, Naciones Unidas en Perú y las acciones para enfrentar la minería aurífera en la Amazonía

En una reunión clave, dirigentes indígenas afectados por la minería de 10 regiones  y altos funcionarios de Naciones Unidas en Perú dialogaron sobre cómo combatir la minería y proteger los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía, destacando la urgencia de traducir los consensos  en acciones concretas.

En el marco de la Jornada Nacional de Acción: Amazonía Libre de Minería y Extractivismo, representantes de AIDESEP, los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) y federaciones indígenas sostuvieron el pasado 2 de diciembre una reunión de alto nivel con funcionarios de las Naciones Unidas en Perú. Este encuentro, motivado por la creciente crisis generada por la minería aurífera en la Amazonía, buscó promover políticas nacionales, regionales y globales que enfrenten esta problemática, protejan los derechos de los pueblos indígenas y garanticen la sostenibilidad de sus territorios ancestrales y de la Amazonía en su integridad.

Durante la reunión, los líderes indígenas expresaron su profunda preocupación por el avance de la minería ilegal, ‘legal’ e informal, resaltando las consecuencias devastadoras en sus comunidades, desde la contaminación por mercurio y combustibles, hasta el accionar de mafias vinculadas al oro aluvial. Por tal motivo, exhortaron a las agencias de la ONU a actuar como intermediarios ante instancias nacionales y globales, solicitando medidas específicas como la trazabilidad del oro, el cumplimiento del Convenio de Minamata para controlar la contaminación tóxica y el uso del Convenio de Palermo para combatir la criminalidad organizada que opera en la minería aurífera. 

Los representantes de Naciones Unidas mostraron interés y disposición para colaborar con los pueblos indígenas, reconociendo la urgencia de abordar estas problemáticas. Bettina Woll de Montenach, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, se comprometió a apoyar y fortalecer los procesos de monitoreo ambiental liderados por las comunidades indígenas, consolidando los espacios existentes para la vigilancia de sus territorios. Asimismo, destacó la importancia de incluir las preocupaciones de los pueblos indígenas en el próximo Informe de Desarrollo Humano, enfatizando el impacto del extractivismo y la asimetría de poder en sus derechos.

Por su parte, Jane Anttila, jefa de la misión técnica de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las fiscalías para la investigación de delitos contra defensores de derechos humanos y el desarrollo de acciones  enfocadas en la identificación de riesgos en zonas vulnerables. Además, anunció la organización de una reunión virtual con relatores de la ONU, con el objetivo de incluir a los pueblos indígenas en el diseño y aplicación de estrategias que protejan sus derechos.

A su vez, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) aseguró que se abrirán espacios para que los dirigentes indígenas participen en el fortalecimiento de capacidades de operadores del sistema de justicia, como fiscales y policías. Asimismo, destacó la estrecha coordinación entre las organizaciones indígenas y las acciones de la UNODC a nivel nacional e internacional.

Por último, Ítalo Cardona Monterroza, director de la OIT para los Países Andinos, manifestó su compromiso de organizar un evento que analice los alcances del Convenio 169 de la OIT más allá de la consulta previa, así como de fomentar reuniones para evaluar los avances del Estado peruano en el cumplimiento de este tratado internacional.

Este encuentro marca un paso crucial en la alianza entre los pueblos indígenas y las Naciones Unidas, marcando el inicio de articulaciones mayores  y evidenciando la necesidad de acciones concretas para enfrentar la crisis climática, ambiental y social en la Amazonía. AIDESEP y las autonomías indígenas hacen un llamado a las agencias de la ONU para cumplir los compromisos asumidos y transformarlas  en soluciones tangibles que frenen el avance del ecocidio y el etnocidio en la región. 

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