Durante la Jornada Nacional de Acción: Amazonía Libre de Minería, AIDESEP y Gobiernos Territoriales Autónomos presentaron alternativas en el congreso nacional, para enfrentar la devastación causada por la minería aurífera. En este encuentro, las parlamentarias Ruth Luque y Sigrid Bazán se comprometieron a apoyar la inclusión de las organizaciones indígenas como AIDESEP en los debates legislativos y a respaldar las alternativas indígenas para mitigar esta problemática.
Como parte de la Jornada Nacional de Acción: Amazonía Libre de Minería, AIDESEP, Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) y federaciones indígenas afectadas por la minería aurífera sostuvieron el pasado martes 3 de diciembre una reunión en el Congreso de la República con las parlamentarias Ruth Luque y Sigrid Bazán. El objetivo fue exponer la crisis ambiental y social generada por la minería aurífera y presentar propuestas para enfrentar esta problemática desde la visión de los pueblos indígenas.
Durante la reunión, el presidente de AIDESEP, Jorge Pérez, resaltó datos alarmantes: más de 2 millones de hectáreas afectadas, 22 ríos contaminados y 185 toneladas de mercurio vertidas anualmente. Esta situación no solo destruye los territorios indígenas, sino que también genera violencia, trata de personas y graves problemas de salud en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Propuestas indígenas para detener la destrucción causada por la minería aurífera
En este espacio, los líderes indígenas presentaron alternativas concretas para enfrentar la devastación y promover un modelo de vida plena que considere sus prioridades y derechos. Exigen que el Estado peruano priorice la inversión en bioeconomía indígena, para superar el abandono histórico que favorece la minería ilegal. También el retiro de las transnacionales canadienses First Quantum y Hannan Metals y la monstruosidad de minas de tajo abierto en cabeceras de cuencas en San Martín y Alto Amazonas. Además, solicitan la cancelación del Registro de Formalización Minera (REINFO), que consideran una fachada para encubrir actividades ilícitas, y rechazan leyes que amparen la supuesta minería “pequeña y artesanal” por sus impactos negativos en la selva y las comunidades indígenas.
También instan la implementación de acciones contundentes contra la minería ilegal, incluyendo interdicciones policiales efectivas y la destrucción de equipos como dragas en ríos y distritos amazónicos afectados. No a la filtración de las interdicciones a las mafias mineras. Proponen investigar y destituir a funcionarios estatales y policiales involucrados en actividades ilícitas, así como prohibir nuevas concesiones mineras en territorios que las rechacen o que no cuenten con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, en cumplimiento de sus derechos colectivos.
Además, llaman a certificar y visibilizar los impactos de la minería en la Amazonía, incluida la contaminación tóxica en la población y la destrucción de más de 115,000 hectáreas de bosques y aguas. Instan al Estado a garantizar la protección de los defensores y defensoras amazónicos frente a la violencia, que consideran producto de la incapacidad estatal para controlar las actividades mineras ilegales y sus consecuencias destructivas.
Por último, solicitaron apoyo para gestionar misiones internacionales relacionadas con los Convenios de Minamata y Palermo de la ONU, con el fin de investigar la contaminación por mercurio y las redes criminales mineras, respectivamente, y garantizar la implementación de sanciones y medidas de reparación.
Compromisos de las parlamentarias
Ante lo expuesto, la congresista Ruth Luque se comprometió a apoyar la participación activa de los pueblos indígenas en el debate sobre la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE). Propuso dialogar con los presidentes de las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos, así como con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para incluir a organizaciones indígenas como AIDESEP en las discusiones. Para Luque, es esencial que las voces indígenas sean visibilizadas en estos debates, ya que son directa e indirectamente afectadas por las actividades mineras. Además, solicitó formalmente a través de un oficio que AIDESEP sea invitada a las mesas de trabajo e instó a la organización a enviar documentos al Congreso para presionar por su inclusión. Como enfatizó, “no puede haber una Ley MAPE sin la voz y la opinión de los pueblos indígenas afectados
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán se comprometió a apoyar las propuestas de los pueblos indígenas desde su despacho, especialmente en temas de salud y trazabilidad del oro. Entre sus acciones, destaca la disposición a exigir al Ministerio de Salud la realización de campañas y estudios que evidencien la contaminación minera en los territorios afectados. Para ello, solicitó a los líderes indígenas que identifiquen y proporcionen una lista de los lugares prioritarios donde se requieren estas intervenciones. Además, plantea promover la exigencia de trazabilidad del oro en espacios locales y nacionales, con el objetivo de interpelar a las autoridades nacionales e internacionales sobre la procedencia y el impacto de este recurso.
Bazán también sugiere fortalecer la colaboración con la congresista Ruth Luque para impulsar la participación de las organizaciones indígenas en debates legislativos clave, como los relacionados con el REINFO y ley MAPE. Subraya la importancia de no permitir que los mineros ilegales y falsamente “informales” sean los únicos protagonistas de estas discusiones, dejando de lado a los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por estas actividades. Asimismo, propone utilizar las semanas de representación parlamentaria para visitar las zonas afectadas por la minería, llevando a funcionarios del Ministerio de Salud a estos lugares como un primer paso hacia la implementación de una campaña efectiva de mapeo y monitoreo de la contaminación tóxica.
Encuentro con Eduardo Salhuana
Al finalizar la jornada, los líderes indígenas lograron un breve encuentro con Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República. En esta reunión, reiteraron su rechazo al “maldito REINFO”, así como a la exclusión de las organizaciones indígenas en la discusión de iniciativas legislativas que afectan sus territorios ancestrales; y también que la Ley APCI sea un pretexto para silenciar la lucha por los derechos de los pueblos. Ante el señalamiento, Salhuana se comprometió a garantizar su participación en todos los proyectos de ley vinculados a los pueblos indígenas, reconociendo la importancia de una consulta efectiva; así como también que se tome en cuenta lo planteado frente a la ley APCI.
