13 muertos en Pataz: otra señal del infierno minero que los pueblos indígenas ya denunciaron

La tragedia en Pataz confirma que la minería en el Perú está fuera de control. Pueblos indígenas exigen acciones urgentes frente al avance minero ilegal, criminal y ecocida que amenaza vidas y territorios.

La reciente tragedia en Pataz, donde 13 jóvenes trabajadores de seguridad de la empresa R&R murieron en una emboscada, no es un hecho aislado: es la confirmación de que la minería en el Perú está fuera de control.

En los últimos meses de 2024, más de 40 organizaciones indígenas amazónicas, Gobiernos Territoriales Autónomos y aliados, reunidos en Lima, advirtieron con firmeza sobre esta situación y proclamaron el Mandato Amazónico: Amazonía en emergencia y libre de minería.

En este documento, se detallan las causas, consecuencias y responsabilidades del avance de la minería aurífera —tanto ilegal como “formalizada” e “informal”— sobre los territorios indígenas.

Denunciamos la impunidad, la corrupción y el desinterés del Estado, desde Lima hasta las regiones, por frenar lo que hemos llamado un infierno minero. El mismo que hoy cobra más vidas humanas y deja un nuevo rastro de muerte, ahora en Pataz.

Frente a esta emergencia, los pueblos indígenas hemos presentado 16 demandas urgentes que reflejan nuestras prioridades como comunidades afectadas.

Entre ellas, exigimos una inversión estatal decidida en bioeconomía indígena, como alternativa real y sostenible a la minería, para romper con el abandono estructural que sufren nuestros pueblos.

Reclamamos también la interdicción efectiva de dragas y la expulsión de mafias criminales en al menos 32 distritos y 22 ríos de la Amazonía ya contaminados.

Además, pedimos la prohibición de nuevas concesiones mineras en pueblos que las rechazan y donde no se ha realizado consulta previa, así como la cancelación inmediata del REINFO, mecanismo que encubre actividades ilegales bajo el disfraz de formalización.

No puede haber más autorizaciones de proyectos mineros sin consentimiento libre e informado de las comunidades. Exigimos el retiro de empresas como First Quantum y Hannas Metal, rechazadas por las poblaciones del Datem y Tabalosos, así como la investigación y destitución de funcionarios estatales y policías vinculados a la minería ilegal. 

Solicitamos además que el Estado certifique oficialmente la contaminación por mercurio en nuestras poblaciones, y evalúe los daños causados por la destrucción de más de 115 mil hectáreas de bosque y cuerpos de agua.

Exigimos garantías de protección para los defensores indígenas que hoy arriesgan su vida, y pedimos misiones internacionales de los convenios de Minamata y Palermo para fiscalizar el desastre ambiental y el crimen organizado asociado al oro.

Finalmente, reclamamos una moratoria inmediata a las compras internacionales de oro peruano sin trazabilidad, y que países como Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita transparenten sus cadenas de suministro. También demandamos que la adhesión del Perú a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) esté condicionada al cumplimiento de estas medidas.

Las 13 muertes en Pataz no nos sorprenden. Hemos alertado que la minería mata, contamina y destruye, no sólo en la sierra, sino también en toda la Amazonía.

La minería ilegal e informal no es un problema de “falta de formalización”, sino parte de un sistema criminal y ecocida que ha penetrado el Estado y se sostiene con complicidad política, policial, militar y empresarial.

Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), los Gobiernos Territoriales Autónomos y nuestras organizaciones regionales y comunales, reafirmamos el Mandato de una Amazonía Libre de Minería, y nos solidarizamos con las familias de Pataz, así como con todas las comunidades víctimas de este modelo extractivo violento y fuera de control.

El oro extraído con sangre indígena, con mercurio y con devastación ambiental no puede seguir siendo exportado como si fuera legal. La minería es la nueva guerra silenciosa en el Perú. Y como pueblos originarios, decimos con claridad: ¡Basta de infierno minero!

Lee los documentos completos:

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