Tras reunión, representantes indígenas y Petroperú llegan a primeros acuerdos para la atención a derrame en territorio chapra.
El jueves 13 de octubre, en una larga reunión sostenida entre el presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico; la Viceministra de Interculturalidad y representantes indígenas, se pidió la atención efectiva a las comunidades Chapra y Wampis afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en el km 177 del Oleoducto Norperuano, en el territorio de la Nación Chapra, en Morona (Datem del Marañón, Loreto).
“Esto es una tragedia ambiental. Es la primera vez que esto ha pasado en territorio de la Nación Chapra y le invito a que conozca la zona y palpe la realidad causada por el corte por corrosión ocurrido”, señaló Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra.
La vicepresidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), Elaine Shajian, recordó a los representantes de Petroperú que son muchas las comunidades de la provincia de Datem del Marañón han sido afectadas por diferentes derrames y que urge la atención a los pasivos existentes.
A su turno, Campodónico dijo que los derrames de petróleo de este año han sido en su mayoría por cortes y que la empresa no está en una buena situación económica para poder afrontar estas emergencias. Sin embargo, el funcionario confirmó también que el derrame producido en el km 177, territorio chapra, se produjo por corrosión del ducto.
En contraste a la evidencia recogida por las autoridades Chapra, los especialistas de Petroperú afirmaron que no había evidencia suficiente para afirmar que el derrame habría afectado al lago de Capironacocha y la biodiversidad del entorno, razón por la cual no han llevado agua ni víveres hasta el momento.
Al respecto, la presidenta de la Nación Chapra expresó su malestar y manifestó que pedirá al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que realice una nueva inspección que muestre el real impacto a las fuentes de agua, alimento y proyectos de bioeconomía de las comunidades chapra. De esta forma, insistió en la urgencia de brindar los víveres necesarios para asegurar la alimentación de las comunidades afectadas.
La viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta, enfatizó la necesidad de atender de manera prioritaria las demandas sociales, la seguridad alimentaria y ambiental para garantizar los derechos indígenas en la zona impactada.
Además, participaron en esta reunión el jefe de la comunidad nativa Patria Nueva, Rómulo Macahuachi; así como asesores de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y las organizaciones aliadas Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Iniciativa Cuencas Sagradas y el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).
Primeros acuerdos
Tras un largo debate, ambas partes coincidieron en la urgencia de llegar a acuerdos para garantizar la atención a la emergencia sanitaria, ecológica y social a la brevedad posible. En ese sentido, la empresa estatal se comprometió a ingresar a la zona a partir del 20 de octubre para realizar los trabajos de contención del derrame de crudo.
Asimismo, la primera semana de noviembre se reunirá con las comunidades afectadas en el distrito de Morona para evaluar la indemnización de daños y perjuicios producidos, acompañados de la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Interculturalidad.
Y Petroperú gestionará con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto para que desarrollen una campaña de atención médica de la población afectada por el derrame de petróleo.
Criminalización de defensores
Es importante señalar que los representantes indígenas y el equipo legal de AIDESEP alertaron que la denuncia penal por los delitos contra la seguridad pública, los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de atentado como la seguridad común, interpuesta por Petroperú en contra de Olivia Bisa, vulnera sus derechos y es muestra de la criminalización que sufren los pueblos indígenas por defender sus territorios.
Al respecto, en la reunión los funcionarios de Petroperú señalaron que desistirían quedando en manos de la fiscalía penal provincial de San Lorenzo.
Dato: La reunión con el presidente del directorio de Petroperú se logró tras la gestión de la ministra de Cultura, Betssy Chávez.
