La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) saludó esta histórica decisión de los magistrados, de la Corte Superior de Loreto, admitiendo la Demanda de Acción de Amparo con respecto al megaproyecto Hidrovías Amazónica, ya que representa precedente en la lucha por la defensa de la vida y los territorios de los pueblos indígenas.
Asimismo, marca una experiencia previa cuando se quiera hablar de futuros procesos de explotación que se pretendan dar en territorios de los pueblos indígenas.
El megaproyecto de Hidrovías Amazónicas impulsado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y Proinversión, tiene como objetivo mejorar la navegabilidad en las cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas impulsando el dragado de estos ríos; sin embargo no respetó el proceso de Consulta previa, libre e informada que por Ley están obligadas a desarrollar todas las instituciones o empresas que quieran intervenir en territorios ocupados por pueblos indígenas.
Por tal razón en busca de un proceso judicial que busca la paz y justicia, el Juzgado consideró conveniente SUSPENDER LA HIDROVÍA AMAZÓNICA hasta que se concluya la respectiva Consulta previa de acuerdo a la Ley 29785.Alfonso López, líder de ACODECOSPAT al conocer el fallo emitido por el Juzgado Mixto de Loreto-Nauta que despacha el juez Luis Enrique Mayta Quispe, saludó este importante dictamen y recordó que presentaron esta demanda el año 2013.
“Los pueblos Kukamas-Kumariaia estábamos demandando ser escuchado por los dos organismos nacionales, pero no tuvimos respuesta para continuar el diálogo, por lo que se interpuso esta demanda judicial ante el Juzgado Mixto de Loreto Nauta”.
En su pronunciamiento ACODECOSCPAT reclamó al Gobierno peruano que desarrolla una economía extractivsta por medio de la cual viene vulnerando derechos fundamentales de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo los territorios ancestrales y la salud de las comunidades y ejerciendo violencia contra estos pueblos guardianes de la vida de la costa, sierra y de la Amazonía.
Este hecho genera un antecedente para la vigilancia de actividades y/o proyectos que afectarán a los territorios indígenas y se continuará en la pelea por el consentimiento y la participación indígena en las tomas de decisiones que les afectan, expresaron en un pronunciamiento emitido con fecha 12 de mayo.
Denunciaron que con el imperio de las actividades extractivas y los proyectos de megainversión promovidos por normas, paquetazos, políticas (y políticos) que atenta contra la naturaleza misma y la propiedad ancestral, el Estado busca despojar, despojar y seguir despojando el ámbito de existencia de los pueblos indígenas. Mediante un armazón de trampas legales, lobbies, militarización y luces mediáticas, se ejerce violencia contra la vida misma de los pueblos indígenas.
Así también rechazaron la práctica de generar confusión y división que surgen desde Pluspetrol y actores ajenos a los intereses de las comunidades y federación indígenas, lo cuales se burlan y dañan la autonomía y la institucionalidad indígenas.
