No muy distinto a la realidad que viven los pueblos indígenas del Perú, pues son amenazados constantemente por normativas legales que favorecen al sector empresarial. En México la coordinadora el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CCPIAO) denunció que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de su país, pretende anular y restringir el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas y atentar contra la existencia misma los pueblos originarios del país.
La vocera de CCPIAO Carmen Santiago Alonso, manifestó su preocupación ante las expresiones del dirigente del organismo empresarial Gerardo Gutierrez tras referirse que el sector empresarial trabaja para garantizar la certidumbre jurídica en la parte de registros públicos de la propiedad, tenencia de la tierra y que la consulta indígena les afecta, ya que la reforma energética no debe ser vinculado pues obstruye los programas de inversión que tienen.
Ante estas declaraciones la vocera Carmen Santiago señalo que a pesar que el sector empresarial tiene una enorme capacidad de incidencia en los espacios de debate y decisión estatal y nacional, los pueblos indígenas no son objeto de despojo, desplazamiento de comunidades y pueblos, así como saqueo de sus riquezas en nombre de la ley, del desarrollo, del progreso o del Estado de derecho.
Lamentó que durante mucho tiempo, las comunidades y pueblos habían sido ignorados por la Ley. Refirió que en la época colonial, la ley impuesta a los pueblos fue el principal argumento para la agresión y el etnocidio, mientras que los beneficiarios de ese esquema, “son los ricos de hoy, ellos si vieron concretar el progreso y el desarrollo en sus patrimonios a costa de nuestros pueblos” añadió Carmen Santiago.
Es evidente que el Sector empresarial mexicano planea una regresión en la implementación de uno de los derechos fundamentales, la libre determinación de los pueblos indígenas. A pesar que desde 1991 y con la reforma Constitucional indígena de 2001 y de derechos humanos de 2011, las comunidades y pueblos fueron considerados por la Constitución y la ley.
Con estas normas declaradas en México se establecieron un conjunto de derechos para superar las condiciones de discriminación, pobreza, marginación y falta de participación en la toma de decisiones, entre ellos, el derecho a la consulta y el consentimiento libre previo e informado.
Por otro lado, la vocera de CCPIAO recalcó que el proceso de consulta, es y debe ser el establecimiento de una normalidad caracterizada por el diálogo y la construcción de acuerdos, para que en caso de establecerse los proyectos, generen beneficios colectivos y no para unos cuantos, por ello no debe ser ninguna dificultad, ni tiene porque afectar.
“Sólo así será posible un “México con sus Pueblos Indígenas”, afirmó.
Para Carmen Santiago, las expresiones del Consejo Coordinador Empresarial, anuncian la posibilidad de un grave retroceso, una vuelta al pasado colonial y de los primeros años de la vida independiente, “situación que no permitiremos en modo alguno”.
Finalmente cuestionó al Estado de su país y al Sector empresarial si “¿México es sólo de los empresarios?, ¿Ellos tienen la verdad absoluta respecto del futuro que merecemos como nación?, ¿La propiedad sobre nuestras tierras y recursos o bienes naturales, no tiene ninguna validez ni implicación?, ¿En México, no hay lugar para el diálogo y la construcción de acuerdos?, ¿A pesar de nuestros derechos fundamentales, estamos condenados a vivir la imposición y sus consecuencias?.
