AIDESEP rechaza fuertemente la campaña impulsada por el grupo empresarial de palma aceitera Ocho Sur. Denunciamos que esta empresa viene socavando la autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos de Ucayali y nuestras posibilidades de construir la Vida Plena en nuestros territorios.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización indígena nacional que representa a nueve organizaciones regionales de la Amazonía peruana, rechaza fuertemente la campaña de “divide y vencerás” impulsada por el grupo empresarial de palma aceitera Ocho Sur. Denunciamos que esta empresa, cuya matriz Peruvian Palm Holdings tiene su sede en el paraíso fiscal británico de las Bermudas, viene socavando la autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos de Ucayali y nuestras posibilidades de construir la Vida Plena en nuestros territorios. A diez años desde que comenzó esta historia de acaparamiento de tierras indígenas, deforestación masiva y violencia, manifestamos lo siguiente:
Al Estado peruano:
– Exigimos cumplir con su obligación de reconocer y proteger los territorios indígenas. ¿Es aceptable que no han cumplido con su responsabilidad de adoptar medidas para proteger estos territorios de las acciones de los traficantes de tierras y las empresas de palma aceitera, ni adoptado medidas de compensación y reparación por las graves afectaciones a los mismos, particularmente al territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya? Sostenemos el descontento del pueblo shipibo-konibo ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta en 2015 por la comunidad exigiendo la restitución y remediación territorial, ante las violaciones de las empresas Ocho Sur y Plantaciones de Pucallpa, y el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU). El GOREU debe acelerar la segunda ampliación territorial de Santa Clara de Uchunya para evitar mayores daños.
– Condenamos la falta de regulación seria de las actividades de la empresa y la situación alarmante de la deforestación de más de 17 mil hectáreas de bosques en la plantación y sus alrededores, en Coronel Portillo. En vista de los múltiples procedimientos administrativos y denuncias judiciales por supuestos hechos ilícitos ¿cómo es posible que una plantación de monocultivos a tan gran escala pueda operar por casi una década sin autorización ambiental? ¿Se trata de ineficacia o complicidad por parte de las autoridades estatales? En este contexto grave, saludamos el rayo de luz representada por la reciente decisión del juez Víctor Zúñiga Urday del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de incorporar a Ocho Sur P SAC en el proceso penal por crímenes ambientales y exigimos reparaciones reales, sin más demoras, por los daños extensivos que han generado.
– Denunciamos el progresivo deterioro de la seguridad alimentaria en nuestras comunidades, debido a la expansión agresiva y a gran escala del modelo de agronegocio que propone el Grupo Ocho Sur. Éstos degradan nuestras tierras, contaminan nuestras quebradas y ríos, imposibilitan la caza, pesca y prácticas agroforestales que han alimentado nuestros pueblos por generaciones y acumulan los beneficios para unos pocos, sobre todo sus inversores extranjeros como el grupo Anholt/Kattegat y AMERRA Capital Management LLC. ¿Es aceptable que una empresa como Ocho Sur pueda cimentar su control sobre nuestras tierras y vidas aprovechando las necesidades insatisfechas de nuestros pueblos?
– Rechazamos la políticadel Estado de renunciar a la provisión de servicios y obras públicas básicas y dejarlas a una empresa privada como Ocho Sur, cuya responsabilidad principal es generar ganancias para sus inversores y sus intenciones son de lavar su imagen social corporativa. Agua potable, la educación, la salud, la luz, los medios de vida dignos, la comunicación y el transporte: ¡Ocho Sur deja de obligarnos a negociar para obtener lo que el Estado nos debe asegurar! Nuestras comunidades tienen el derecho a una vida digna sin perder su autonomía o tener que arrodillarse ante una empresa que pretende dividirlos y dominarlos. Tal como lo vemos, el Estado está de rodillas frente a este grupo económico.
A los compradores internacionales del aceite de palma del Grupo Ocho Sur:
– Alertamos a los compradores internacionales cuyas cadenas de suministro de aceite de palma incluyen al Grupo Ocho Sur, incluyendo su planta procesadora Servicios Agrarios de Pucallpa SAC: están haciendo negocios con una empresa que activamente socava la autodeterminación, los derechos colectivos y la protección territorial de los pueblos indígenas amazónicos. Sus negocios con Ocho Sur apoyan sus continuos esfuerzos por fracturar nuestras comunidades, socavar nuestras organizaciones indígenas y perjudicar al tejido social de nuestros pueblos, que garantiza la protección de la Amazonía a largo plazo.
– Considerando que un reciente informe de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego describió “el caso de la empresa Ocho Sur P” como “el caso más emblemático de conexión entre la palma aceitera y el tráfico de tierras“, cuestionamos a los compradores de Ocho Sur en Asia y Europa, incluyendo a Bunge Loders Croklaan, Lasenor Emul, Lípidos Santiga S.A., Louis Dreyfus Company, Meiji Group, Nisshin Oillio, y Vandemoortele NV, ¿qué están haciendo para cumplir con su responsabilidad de respeto de los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y de actuar con la debida diligencia para asegurarse de que sus acciones u omisiones no socaven los derechos de nuestras comunidades y pueblos? ¿Debemos denunciarlos también a ustedes por cómplices?
– A pesar de que en los últimos años Ocho Sur no ha podido ampliar sus plantaciones directamente, gracias en gran parte a la resistencia de nuestros pueblos, no obstante, el tráfico de tierras, la deforestación y la destrucción de nuestra agrobiodiversidad y aguas siguen en curso en las tierras indígenas colindantes a Ocho Sur. Y la impunidad continua. Entonces ¿cómo van a asegurar que el aceite de palma que compran de Ocho Sur no viene de estas tierras acaparadas y recién deforestadas?
A la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO):
– Recordamos sus decisiones anteriores en contra de la plantación que hoy es propiedad de Ocho Sur: en 2016, cuando ordenaron a Plantaciones de Pucallpa SAC a suspender sus operaciones; y en 2021, cuando afirmaron que la planta extractora de aceite Oleaginosas del Perú S.A. (OLPESA) no debe comprar ni procesar palma de Ocho Sur, por tratar de una plantación ya condenada por la RSPO.
– Alertamos que a pesar de estas decisiones anteriores contra Plantaciones de Pucallpa y Ocho Sur, todos los citados compradores de Ocho Sur en Asia y Europa son miembros de la RSPO.
– Ante las graves deficiencias del mecanismo de queja de su organismo, al que el movimiento indígena hemos recurrido tres veces y que hemos aprendido a través de la amarga experiencia que no es apto para el propósito, ya que no ha mejorado la situación en nuestros territorios, y ante la posibilidad de que Ocho Sur intente convertirse en miembro de la RSPO en un futuro próximo, la RSPO debe emitir de una vez una prohibición clara contra la adquisición de palma de plantaciones que han encontrado operando en violación de sus estándares.
– Por lo tanto, exigimos a la RSPO establecer y mantener una lista de exclusión de esas plantaciones que han encontrado en violación de sus estándares, en el caso del Perú, encabezada por Ocho Sur.
A las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional:
– Alertamos sobre la fuerte campaña publicitaria que está dirigiendo Ocho Sur para recuperar su imagen a nivel local, regional y nacional, con la asesoría de empresas como ADN Consultores que se especializan en el “manejo de crisis”. ¿Acaso es una crisis cuando los pueblos indígenas revindicamos nuestro autodeterminación y derechos territoriales y denunciamos las crímenes ambientales e impunidad que están acabando con la Amazonía?
– Cuestionamos por qué la ONG Proforest trabaja con Ocho Sur para avanzar su certificación ante la RSPO. ¿Puede haber un “abastecimiento social y ambientalmente responsable” cuando se trata de una empresa que acapara territorios indígenas a través del tráfico de tierras, convierte la zona en un foco de deforestación masiva y busca dividir a las comunidades y las organizaciones indígenas?
– Afirmamos nuestro derecho colectivo a la autodeterminación: nosotras y nosotros decidiremos – y no los patrones de los agronegocios – si los monocultivos de palma aceitera constituyen una alternativa deseable para nuestros pueblos y territorios ancestrales. A pesar de que el Estado y la cooperación internacional vienen promoviendo desde hace muchos años el sembrío de palma aceitera como un sustituto a los cultivos ilícitos de coca, sin embargo lo que experimentamos en Ucayali y según propias cifras del Estado, hay más narcotráfico, más deforestación y más monocultivos de palma aceitera. ¿Qué hay de alternativa aquí?
No pierdan su tiempo tratando de redimir al Goliat de los agronegocios – alcen sus voces con las nuestras para exigir al Gobierno peruano que escuche nuestras propuestas y apoye nuestras bioeconomías indígenas y otras alternativas reales, para asegurar un futuro digno para la Amazonía y sus pueblos.
¡Exigimos acciones urgentes!
¡Los pueblos indígenas seguimos resistiendo y luchando por nuestros derechos colectivos y la defensa de la Amazonia!
¡Que viva la lucha de los pueblos, por la vida y la tierra!
