Al menos 4 millones 800 mil hectáreas comprometidas para la exploración y extracción de hidrocarburos afectarían a 13 pueblos indígenas de once estados en México (Pemex).
“Ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron consultadas con las comunidades que serán afectadas en sus derechos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la libre determinación, a un medio ambiente sano y diversos derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Stephanie Erin Brewer del Centro Prodh, uno de los representantes de la sociedad civil que acudieron a la sesión.
Sólo por lo asignado en la Ronda Cero, el pueblo Chontal de Tabasco ya cuenta con el 85% de su territorio ocupado; pero existen otros casos como el Totonaca con el 38% y el Popoluca con 31%.
Pero además, con lo que se prevé asignar en la Ronda Uno ⎯la primera en la que la iniciativa privada podrá obtener derechos sobre ciertos territorios y cuyos resultados se darán a conocer este año⎯ son cinco pueblos indígenas más los que podrían ver en riesgo una porción de su territorio.
El problema, según la sociedad civil, no sólo es que se atenta contra los derechos a la tierra de los pueblos indígenas sino que no se les consulta sobre la explotación de sus terrenos ni tienen la opción de rechazar las actividades de hidrocarburos.
“A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.
Según esas leyes, una vez que las empresas obtengan el permiso para la explotación de la tierra iniciarán una negociación con los dueños, y en caso de que ésta no se concrete, el Estado ordenará una servidumbre legal para iniciar la ocupación y entregar pagos a los propietarios, pese a su negativa de ceder los terrenos.
En México, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que el tema tiene que ver con ingresos y actividad económica y no con derechos humanos.
Fuente: animalpolitico.com
