Miércoles 25 de febrero del 2015
“El “Fondo Indígena” es una conquista de los pueblos y por eso nosotros vamos a defender nuestra institución ya que permite una participación directa de los pueblos indígenas”, manifestó Mamani representante del directorio del Fondo Indígena en Bolivia, para dejar en claro que se defenderá la transparencia de esta organización.
Ya que el ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción decidió intervenir técnicamente el Fondo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena) ante las denuncias sobre un presunto desfalco millonario tras el informe que presentó la Contraloría General del Estado Boliviano.
Ante este hecho los pueblos indígenas coincidieron que la mejor búsqueda de una verdadera transparencia es adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad del Fondo Indígena reconociendo, luego de un balance de la última década, el impacto y trascendencia de las acciones impulsadas por el Fondo en cumplimiento de su mandato constitutivo.
Miembros del directorio del Fondo Indígena advirtieron que este acto de fiscalización al fondo indígena (el cual asume con responsabilidad y brinda facilidades), buscaría que a título de “mejorar la administración y ejecución de proyectos” los recursos de esa entidad sean desviados a programas como el Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Ante estas declaración del fondo indígena, el representante ejecutivo de los “interculturales”, Gustavo Aliaga, señaló que toda norma para regular el Fondo Indígena, como se perfila en el Gobierno, no deberá afectar la actual estructura ni los recursos que percibe.
“Por separado, las organizaciones junto a nuestras bases vamos a trabajar. Si hay un decreto, será para que funcione mejor el Fondo Indígena”, manifestó Aliaga, quien informó que en el transcursos de los próximos días el directorio presentará propuestas para mejorar esa entidad.
EL dato: La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno del Fondo Indígena. Se reúne bianualmente y está conformada por los delegados gubernamentales e indígenas de los Estados miembros que acrediten las Cancillerías respectivas.
