La deforestación indiscriminada de empresas privadas en el país de paraguay ha obligado a que la Organización de Naciones Unidas solicite la garantía y seguridad a los indígenas Ayoreo Totobiegosode.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió al Estado paraguayo que garantice los derechos y la seguridad de los nativos ayoreo totobiegosode, quienes viven aislados en la región del Chaco y se ven amenazados por esta deforestación.
“Mi recomendación general al Estado paraguayo es que garantice los derechos de los ayoreo totobiegosode y el acceso a sus recursos”, declaró al término de una visita a distintas comunidades indígenas del país hermano de Paraguay.
Pues tal como afirmo la relatora “no es suficiente con pequeños fragmentos de tierra”, sino que los pueblos necesitan recuperar sus territorios de donde fueron expulsados en las últimas décadas.
“Necesitan tierras para el desarrollo de su forma de vida, necesitan estar en contacto con la naturaleza, necesitan sus bosques, si no, desaparece su cultura”, añadió.
Esta exigencia de la ONU se debe a que la comunidad indígena ayoreo totobiegosode ha acusado a la empresa brasileña Yaguareté Porá, que posee 78 mil 500 hectáreas en la zona, considerada territorio ancestral de los nativos, de talar de forma ilegal unas 4 mil hectáreas de bosques entre abril y septiembre del año pasado.
Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres sentencias en 2006 contra Paraguay por la violación de los derechos de los pueblos indígenas, sin que el Ejecutivo dirigido por Horacio Cartes haya acatado las medidas.
El dato:
De acuerdo al informe El Caso Ayoreo, publicado en 2009 por la Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay (UNAP), los indígenas ayoreo viven al sur y oriente de Bolivia y norte de Paraguay.
En Paraguay, la mayoría han sido contactados y expulsados de sus territorios en la selva durante los últimos 50 años. En la actualidad viven en 19 asentamientos en el norte del país.
Desde finales de la década de 1950, enormes extensiones del territorio ayoreo tradicional se dividieron en parcelas y se vendieron a empresas ganaderas y de industria agroalimentaria.
