Ante los hechos violentos que han venido sucediendo en nuestro país a causa de la explotación de los recursos naturales sin el consentimiento de las comunidades indígenas, el Comité sobre la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas manifiesta su preocupación ante las acciones políticas que ha venido realizando el Perú, ya que estas no están cumpliendo lo acordado en el convenio 169 de la OIT.
“El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penales y uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas que se oponen a proyectos extractivos”, afirmó el Comité de la ONU en un documento en el que se exponen esta y otras preocupaciones sobre la realidad que enfrentan los pobladores indígenas en nuestro país.
Pero estas preocupaciones de la ONU son a causa de las actuales reformas que han venido desarrollándose a inicios de este año como por ejemplo la modificación del inciso 11 del art, 20 del código penal, gracias a la aprobación de la ley 30151, aquella que libra de culpa a militares y policías ante muertes como resultado del uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber. Para la ONU medidas como estas generarían un impacto negativo sobre los pueblos indígenas.
Esto se debe a que esta norma podría usarse de manera abusiva por parte de policías o militares que usen excesivamente la fuerza contra indígenas, ya que no se ha establecido criterios para valorar el uso de la fuerza en caso de alguna manifestación u protesta. Además tampoco se señala que este uso de la ley es debido o indebido, de acuerdo con la Constitución y el marco internacional.
La ONU también señala su preocupación por las persecuciones políticas que vienen sufriendo nuestros hermanos indígenas, así como también la falta de igualdad en el tratamiento de sus casos en los tribunales, pues no todos los indígenas pueden disponer de intérpretes y de textos legislativos traducidos en sus propias las lenguas indígenas.
Además muchos de los pobladores indígenas juzgados tienen que asistir a sus juicios cada dos semanas así no les toque declarar, a pesar de sus condiciones económicas y geográficas ya que ellos se trasladan de dos a tres días, vía fluvial y terrestre desde sus comunidades a la ciudad donde les toque declarar, invirtiendo tiempo y recursos económicos.
Como es el caso del Juicio de Curva del Diablo, donde se pretender condenar únicamente a los indígenas con penas que van desde los 35 años hasta cadena perpetua por el caso Bagua. Actualmente son juzgados 53 indígenas entre ellos el presidente de AIDESEP Alberto Pizango.
Ante ello AIDESEP en la voz de la vicepresidenta Daysi Zapata, menciona que los “Los pueblos indígenas de Perú, tenemos más de 50 hermanos procesados, entre ellos nuestro líder Alberto Pizango, defender su territorio, es decir, defender la vida plena”.
