Mercedes Cabanillas respondió que el resultado revela que hay desinformación sobre el caso y responsabilizó a Alberto Pizango y a grupos radicales. En Bagua, prosigue el juicio oral a 53 nativos y mestizos.
El 51% de las personas abordadas por la consultora de investigación GfK Perú para que señalen al responsable de los dolorosos sucesos ocurridos hace cinco años durante el desalojo de más de dos mil nativos atrincherados en la vía Fernando Belaunde Terry, en Bagua, acusaron al gobierno aprista de ser el causante del enfrentamiento que ocasionó 23 policías y 10 nativos muertos, además de doscientos heridos.
Otro grupo, el 23%, atribuyó responsabilidad a la Policía Nacional, mientras que un 10% de encuestados dijo que la tragedia fue motivada por los nativos y mestizos de Bagua.
Los resultados del sondeo aplicado a una muestra de 1.309 entrevistados en todo el país fue recibido con reservas por Mercedes Cabanillas, quien era ministra del Interior cuando ocurrió la tragedia del 5 de junio del 2009.
“Los resultados de esta encuesta indican mucha desinformación en la población. Es muy elemental, es muy insuficiente hacer este tipo de sondeos. Alguien interesado lo ha mandado a hacer. No es la forma como se interpretan las raíces de los tremendos conflictos sociales que hemos vivido. El conflicto de Bagua no se discierne por encuesta, más aún cuando muchos de los que opinan conocen el problema por el forro ni siquiera por la pasta”, fue su primera respuesta.
Acto seguido, reclamó la necesidad de analizar los factores externos que habrían intervenido para que se produjera el caos en la zona conocida como Curva del Diablo.
Argumentó que las limitaciones del sistema político nacional de entonces fue aprovechado por segmentos radicales que empujaron la protesta hacia el desorden. Señaló como tales a los frentes regionales, ronderos radicalizados, reservistas ultrarradicales e incluyó también a excarcelados del MRTA y de Sendero Luminoso.
Respecto a su responsabilidad como ministra del Interior, Cabanillas insistió en que se ha sometido a todas las investigaciones que se hicieron.
“Entonces ¿por qué llaman la atención hacia los niveles políticos cuando hay quienes tienen que asumir responsabilidades por lo que hicieron ese día?”,reclamó.
“GOBIERNO SABÍA TODO”
Nancy Salcedo Meza, hermana del Técnico de 2da. PNP Johnny Salcedo Meza, fue tajante respecto a la responsabilidad del gobierno aprista en el desenlace de la protesta amazónica.
“Los únicos responsables son los del gobierno aprista, que lideraron el ex presidente Alan García Pérez y la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas. Si ellos no hubiesen dado la orden de desalojo, nada hubiese pasado. Para nosotros fue catastrófico porque de la noche a la mañana ya no teníamos a nuestros seres queridos. Internacionalmente se sabe que fue una masacre, un genocidio ocasionado por el gobierno aprista”, anotó Nancy Salcedo.
Ella cree firmemente en que los policías recibieron órdenes superiores para intervenir en el desalojo.
“Ahora no hay pruebas porque las han ocultado. El general Octavio Salazar las ocultó y encima le dieron el Corazón de la Policía, que es el máximo galardón por una buena acción, supuestamente. El ex congresista Güido Lombardi pidió pruebas y nunca se las dieron. ¡Por Dios, de qué estamos hablando! La señora Cabanillas se manchó las manos de sangre con nuestros familiares y cínicamente niega que es responsable”, expuso.
Recordó que la denuncia que entablaron a Cabanillas fue archivada por la Fiscalía de la Nación. “Como ministra estaba blindada, pero ahora que han pasado cinco años vamos a demandarla y también al gobierno aprista porque son responsables”, aseguró.❧HOY EMPIEZAN INTERROGATORIOS EN BAGUA
La segunda audiencia del juicio oral contra 53 indígenas y mestizos acusados de ocho delitos, entre ellos del asesinato de trece policías en la Curva del Diablo (10 agentes perdieron la vida en Estación 6 de Petroperú) se inicia hoy con los interrogatorios a los procesados. La Sala Penal de Bagua informó a los abogados que para el efecto se contará con intérpretes en lenguas awajún y wampis, tal como lo solicitaron los asesores legales.
La audiencia empezará con la lectura resumida de la acusación fiscal, que consta de 160 páginas.
Luego la Sala preguntará si alguno se siente culpable. De ser así, la Ley de Determinación Anticipada de Proceso rebaja la pena al mínimo y la sentencia se da en 7 o 15 días. “Esto no ocurrirá, todos han dicho que son inocentes”, anticipó el abogado de IDL, Juan José Quispe.Fuente: La República
