La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, manifiesta su preocupación por la lentitud con que se viene atendiendo las acciones en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental en las cuencas del Pastaza, Tigres y Corrientes producto de la contaminación producida en más de 40 años de actividad petrolera, en el Lote 1AB que actualmente opera la empresa Pluspetrol hoy denominado 192.
Han transcurrido once meses desde que se aprobó la primera declaratoria de emergencia ambiental en la cuenca del Pastaza, sin embargo no se avizora acciones concretas que ayuden a la población a generar confianza en el gobierno de Ollanta Humala que tanto ha prometido atender a estas poblaciones.
Pedimos a las autoridades nacionales y regionales de Loreto que tomen medidas urgentes para dar cumplimiento a las acciones identificadas en las declaraciones de emergencia ambiental y a las demandas de remediación ambiental, compensación, indemnización, diagnóstico social integral entre otros que fueron presentados ante la Comisión Multisectorial, antes de la realización de la consulta previa.
Además, con mayor preocupación, venimos observando la poca voluntad del Ministerio de Energía y Minas, sector promotor de la inversión en hidrocarburos y Minería, para que se den las condiciones para la implementación de la consulta previa en el Lote 192. Hasta ahora sólo estamos leyendo notas periodísticas insinuando que no se realizaría Consulta Previa en el Lote 192 porque se les vence el Plazo de las licitaciones para tener un nuevo operador que inicie en agosto del 2015.
Nosotros advertimos, que no es problema de los pueblos ni organizaciones indígenas las demoras para el inicio de la consulta previa, sino del gobierno nacional y regional por no atender con celeridad las acciones de la emergencia ambiental y las demandas mínimas que han planteado las federaciones indígenas de estas cuencas, demandas que consideramos primordiales para garantizar la vida de las poblaciones de esta parte del Perú.
Como organización nacional pedimos al gobierno nacional y regional que cumplan con las acciones comprometidas y de señales de voluntad política de que si se atenderá el pedido de las comunidades para la implementación de su derecho a la consulta previa.
A cinco años de los lamentables sucesos de Bagua este gobierno tiene la oportunidad de reafirmar el compromiso con los derechos de los pueblos indígenas, lo cual lo llevó a aprobar la Ley de Consulta Previa en el 2011.Consejo Directivo
