“7 de marzo 2013. Hermanos indígenas en la Sala Penal de Bagua por el caso Curva del Diablo”
Sin mayores sorpresas, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua declaró infundada las solicitudes de nulidad procesal formuladas por los abogado Iván Carrascal Cueva, defensor del Apu Alberto Pizango Chota, presidente de la Aidesep; y de Juan José Quispe, representante de otro grupo de hermanos acusados injustamente; quienes pidieron declarar la incompetencia de la Sala Penal Nacional para que lleve este caso, ya que este hecho vulneraría el debido proceso pues incurre en una indebida interpretación de la norma procesal. Entre los considerandos y justificaciones; la Sala de Bagua sostiene que esta decisión lo establece de acuerdo a la Resolución Administrativa 194-2012-CE-PJ y que dice que los delitos contra los medios de transporte, comunicación, servicios públicos que tengan repercusión nacional puedan ser vistos por esta sala. En el mismo sentido, el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, se pronunció ante el Congreso de la República el jueves pasado, dando a entender que la protesta social seguirá siendo criminalizada con mayor fuerza por el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, la defensa de los 54 hermanos indígenas han interpuesto un recurso de queja contra esta resolución porque viola la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, pues ninguna persona puede ser desviada de la zona predeterminada por ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. Por eso, el CDN de la Aidesep pidió a las organizaciones de derechos humanos nacional e internacional para que puedan observar detenidamente este proceso a las claras direccionada no para sancionar solamente a los hermanos indígenas por delitos que no cometieron, sino para criminalizar y dejar el mensaje que en el Perú nadie puede protestar, sino que todos deben quedarse callados. Leer resolución de Sala Penal de Bagua.
