La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización indígena nacional que representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y más de 2400 comunidades nativas, expresa su preocupación ante el Proyecto de Ley N.º 00098-2026 y su exposición de motivos, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República para pedir facultades legislativas por 120 días porque afectarían los territorios, bosques, agua, diversidad biológica y derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Frente a ello:
- Rechazamos que, en la exposición de motivos de dicho proyecto de ley, se plantea modificar la Ley N.º 28736, Ley para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), buscando compatibilizar la protección de las Reservas Indígenas y Territoriales con derechos, contratos y títulos habilitantes preexistentes, incluidos aquellos vinculados a hidrocarburos. ¡Los PIACI no pueden ser puestos en segundo plano!
- Advertimos que cualquier modificación del régimen de protección de los PIACI debe preservar estrictamente el principio de no contacto y la intangibilidad de sus territorios, considerando su especial situación de vulnerabilidad porque las actividades extractivas dentro de los espacios donde viven o transitan generan riesgos incompatibles con su vida, integridad y autodeterminación.
- Rechazamos cualquier intento de modificación de la Ley N.º 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) porque muchas de las ANP son y seguirán siendo nuestros territorios sagrados y ancestrales. Abrirlas a las explotaciones petroleras, gasíferas y mineras, bajo la falacia de los “derechos adquiridos” constituye un retroceso en la gestión y conservación de dichas áreas, incluso las que están bajo gestión indígena como las Reservas Comunales. Además, esto representaría un atentado directo a los acuerdos nacionales e internacionales sobre cambio climático y diversidad biológica.
- Manifestamos que nuestros territorios no son simples “interferencias prediales” y la aceleración de los procesos de saneamiento físico-legal, titulación, georreferenciación, catastro, servidumbres o expropiaciones puede generar nuevas superposiciones y facilitar la consolidación de derechos de terceros sobre territorios indígenas. El territorio constituye la base material, cultural, económica y espiritual de nuestros pueblos y no puede ser reducido a un simple “predio administrativo”. La simplificación administrativa no debe convertirse en la eliminación de garantías porque reducir trámites innecesarios no significa eliminar mecanismos de protección ambiental, participación, control territorial o consulta previa.
- Cuestionamos las propuestas relacionadas con la “eterna formalización” de la pequeña minería y minería artesanal porque cualquier proceso de legalización debe impedir que actividades ilegales se consoliden sobre los territorios indígenas. La contaminación, particularmente por mercurio, y sus impactos sobre la seguridad alimentaria, la salud, la vida y la integridad de las comunidades constituyen preocupaciones centrales.
- Instamos a garantizar la participación y consulta previa de toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos derechos fundamentales no pueden ser tratados como simples obstáculos burocráticos ni omitidos bajo argumentos de urgencia o simplificación.
- Exigimos a las Cámaras de Diputados y Senadores que aborden el Proyecto de Ley N.º 00098-2026 con especial atención a sus posibles impactos sobre los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas. Cualquier habilitación legislativa debe establecer límites materiales claros, exclusiones expresas y salvaguardas efectivas para proteger los derechos de los pueblos indígenas y los PIACI. Cualquier reforma sobre territorios indígenas, recursos naturales, bosques, agua, hidrocarburos o PIACI debe ser adoptada con las garantías constitucionales y al amparo del marco internacional de protección de los derechos indígenas correspondientes.
- Hacemos un llamado urgente a las Comisiones del Congreso de la República para que reciban a nuestra representación oficial, con la finalidad de presentar directamente los riesgos identificados y las propuestas que tenemos para salvaguardar nuestros territorios y derechos colectivos.
Consejo Directivo de AIDESEP.
