Mientras el oro ilegal supera al narcotráfico, lideresas indígenas denuncian ante la CIDH el avance del crimen organizado sobre la Amazonía peruana y su impacto en la vida de las defensoras

Teresita Antazú (AIDESEP), Elaine Shajian (CORPI-SL), Matut Impi (Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún), Olivia Bisa (Nación Chapra) y Kelly Valencia (ORGI) llevan a Washington la voz de las mujeres indígenas que enfrentan amenazas, criminalización y violencia en territorios donde las redes criminales ya afectan al 67% de los municipios amazónicos y disputan el 32% de los territorios indígenas.

Las exportaciones de oro del Perú alcanzaron los US$11 mil millones en 2025, superando ampliamente los US$6 mil millones atribuidos a actividades ilegales como el narcotráfico. En ese contexto, cinco lideresas indígenas amazónicas se presentarán este martes 4 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para advertir que el crecimiento de las economías ilegales está profundizando una crisis de derechos humanos en la Amazonía peruana. La audiencia temática «Perú: Situación de las mujeres indígenas defensoras en contexto de economías ilegales» forma parte del 196.º Período de Sesiones de la Comisión.

Esta audiencia marcará un hito político, al ser la primera audiencia temática ante la CIDH en la que participará la representación del Estado peruano durante el gobierno de Keiko Fujimori. Las lideresas expondrán directamente ante la Comisión y el Estado peruano cómo el avance del crimen organizado, el debilitamiento institucional y las reformas normativas están incrementando los riesgos para la vida de las mujeres indígenas defensoras, sus pueblos y la Amazonía.

Las lideresas alertan que la convergencia entre minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, tráfico de tierras y otras economías ilícitas ha convertido a los territorios indígenas en uno de los principales escenarios de disputa del crimen organizado de la región. Estas redes ya afectan al 67% de los distritos amazónicos y mantienen en disputa el 32% de los territorios indígenas de la región, de acuerdo a un informe de Amazon Watch del 2026.

Converge con lo anterior el debilitamiento de las capacidades del Estado y sus instituciones. Según el Índice Global contra la Delincuencia Organizada, Perú ocupa el sexto lugar en criminalidad organizada en Sudamérica y el puesto 32 a nivel mundial, mientras que su capacidad de respuesta frente al crimen organizado lo ubica apenas en el puesto 119 del mundo. Diez de los quince mercados criminales evaluados por el índice presentan un alto nivel de desarrollo en el país, entre ellos la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

La minería ilegal se ha consolidado como uno de los principales motores económicos del crimen organizado. Actualmente, uno de cada dos kilos de oro exportados por el Perú tiene origen ilegal o desconocido, y el país concentra aproximadamente el 45% del oro ilegal exportado en Sudamérica. Entre 2020 y 2024, las denuncias por minería ilegal pasaron de 800 a más de 2,500, mientras que el número de exportadores mineros casi se triplicó entre 2019 y 2025.

«Las economías ilegales son una gran amenaza para nuestros territorios, para nuestras comunidades. El riesgo se agudiza cuando se suman a las redes criminales, el debilitamiento institucional y a las normas pro crimen que facilitan el despojo de nuestros derechos y de los territorios que son todo para nosotros. Son lo sagrado, nuestra vida, por ello los defendemos y los cuidamos. Sin territorio no hay vida”, señaló Teresita Antazú, lideresa yanesha, desde Washington.

Las consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres indígenas, niñas y niños y adolescentes. Además de asumir la defensa de sus territorios frente a organizaciones criminales, enfrentan amenazas, criminalización de parte del Estado y de parte de empresas privadas, violencia sexual y digital, trata de personas, desplazamiento forzado y una creciente carga en las labores de cuidado y protección en lo referido a la alimentación, salud y seguridad de sus comunidades.

La gravedad del contexto también se refleja en la violencia contra quienes defienden la Amazonía. Desde 2012, al menos 296 personas defensoras han sido asesinadas en los países de la cuenca amazónica. Las organizaciones advierten que las respuestas estatales, centradas principalmente en la militarización, no han logrado contener el avance del crimen organizado ni atender las causas estructurales que lo alimentan.

Las organizaciones también alertaron sobre un conjunto de reformas aprobadas en los últimos años que debilitan la protección de los territorios indígenas y los bosques, entre ellas la Ley N.º 32293, la denominada Ley “Antiforestal” (Ley N.º 31973), las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, las iniciativas para flexibilizar la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y la modificatoria de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI (Ley N.º 32301). A ello se suma la decisión del Estado peruano de no ratificar el Acuerdo de Escazú, basado en falsedades, dejando a las personas defensoras sin un marco regional de protección y más expuestas

La delegación de lideresas amazónicas peruanas está conformada por Teresita Antazú, lideresa Yanesha e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización indígena peruana con 46 años de existencia que representa a los pueblos indígenas amazónicos; Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún; Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valencia, presidenta de la Organización Regional de la Guardia Indígena del Pueblo Shipibo-Konibo (ORGI), instancia que articula a las guardias indígenas para la protección territorial del pueblo Shipibo-Konibo.

La audiencia se llevará a cabo este martes 4 de agosto a la 1:00 p.m. (Hora Perú) en la ciudad de Washington (Estados Unidos) y podrá ser visualizada en el canal de youtube de la corte: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/Default.asp?S=196. Para acceder a la interpretación en inglés de la audiencia inscribirse en  https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_Ku45BJ7sQ8iGjgf9_-qrgA#/registration

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