Recurso presentado a favor de los sentenciados busca retroceder el proceso y podría dejar sin efecto órdenes de captura y reparación civil para las víctimas.
A más de una década del asesinato de los líderes y autoridades indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, un nuevo recurso legal amenaza con revertir los avances alcanzados en la búsqueda de justicia. Se trata de una demanda de habeas corpus presentada a favor de los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, sentenciados por este crimen, que pretende anular las sentencias de primera y segunda instancia que los condenan a 28 años y 3 meses de cárcel.
La demanda fue interpuesta por Gloria Liliana Falcón San Miguel, conviviente de Josimar Atachi Felix, ante el 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo en Ucayali contra los magistrados de la primera y segunda instancias, solicitando la nulidad de las sentencias, la realización de un nuevo juicio oral y el levantamiento de las órdenes de captura vigentes contra los responsables. Entre los argumentos que presentan, se alega una supuesta vulneración al debido proceso y a la libertad personal.
Sin embargo, especialistas advierten que este recurso representa un serio riesgo para el caso, ya que podría dejar sin efecto todo lo avanzado tras más de 11 años de lucha. De prosperar dicho recurso, se anularían las órdenes de captura, se eliminaría la reparación civil establecida para las familias de las víctimas y el proceso regresaría a su etapa inicial, reabriendo la posibilidad de impunidad.
“El proceso judicial, en primera y segunda instancia, contó con pruebas irrefutables y en un marco de un proceso penal que respetó las garantías del debido proceso. Hacemos un llamado al Poder Judicial para que resuelva de acuerdo al marco jurídico y declare improcedente la demanda de habeas corpus porque no hay argumentos ni de forma ni de fondo”, señaló Rocío Trujillo, asesora legal de los familiares de las víctimas de Saweto.
El caso Saweto se remonta a septiembre del 2014, cuando los líderes indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados por defender su territorio frente a la tala ilegal. Tras años de exigir justicia, en abril de 2024 se logró una sentencia condenatoria en primera instancia, ratificada en agosto de 2025, que además fijó una reparación civil de 400 mil soles a favor de las familias.
Frente a este nuevo movimiento legal de impunidad, la defensa legal de las familias de Saweto ha solicitado su incorporación al proceso de habeas corpus como parte interesada, con el fin de garantizar su derecho a la defensa y evitar que se adopten decisiones que afecten directamente sus derechos como víctimas.
Los abogados advierten que el habeas corpus presentado no cumpliría con los requisitos legales. “Existen recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema, como el recurso de casación y la queja, lo que impediría su procedencia. Además, no se evidenciaría una afectación directa a la libertad personal, dado que las sentencias fueron emitidas en el marco del debido proceso”, señaló Felipe Tapia, abogado de las familiares de Saweto.
Por otro lado, cabe recordar que los sentenciados José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, y los hermanos Josimar y Segundo Atachi siguen prófugos y han sido incluidos en la lista de “los más buscados” del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, lo que había sido exigido por las familias de las víctimas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.
“A pesar de ello, los condenados siguen prófugos. Ahora, con esta demanda de habeas corpus, los sentenciados buscan que la inclusión en la lista de los más buscados también sea revocada, lo que constituiría un retroceso en la búsqueda de justicia e impunidad de estos crímenes contra defensores indígenas”, agregó Tapia.
En ese contexto, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) hacen un llamado a las autoridades judiciales a evaluar con rigor este recurso y a evitar que se utilicen mecanismos constitucionales para desvirtuar procesos judiciales en curso.
“La resolución de este caso será clave no solo para las víctimas, sino también para la lucha contra la impunidad en delitos vinculados a la defensa del territorio, el medio ambiente y la agresión a defensores indígenas en el país”, indicó el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
