Representantes indígenas y autoridades locales del distrito de Megantoni (Cusco) llegaron a la ciudad e Lima para alertar sobre la grave situación que viven las comunidades nativas de la zona tras la fuga y deflagración del ducto de gas ocurrida el pasado 1 de marzo en el gasoducto de Camisea y para exigir acciones inmediatas de las autoridades nacionales.
Mientras que en las ciudades se habla principalmente del desabastecimiento de gas, las comunidades indígenas que viven cerca de la zona del incidente enfrentan impactos directos en su salud, su ambiente y sus medios de vida.
En una conferencia de prensa, realizada en el Congreso de la República, la delegación del Bajo Urubamba alertó sobre la afectación a la población. “Nosotros también somos peruanos, solicitamos que se declare en emergencia al distrito de Megantoni”, indicó Hitler Sebastián, representante de la Coordinación de Organizaciones del Bajo Urubamba. Asimismo, agregó que el humo tóxico producido por la deflagración ha afectado a las comunidades nativas Timpia, Camaná y Sababantiari, a los centros poblados aledaños Saringabeni y Kitaparay, así como a la flora y fauna.
De acuerdo con testimonios de líderes comunales y autoridades locales, al menos 60 familias de las comunidades reportan afectaciones en la salud con síntomas como dolor de cabeza, irritación ocular, dolor de garganta, mareos y vómitos, lo que ha generado preocupación entre la población y la exigencia de atención médica inmediata.
Durante la conferencia de prensa, las organizaciones del Bajo Urubamba señalaron que, a pesar de que el gas de Camisea se explota en sus territorios desde hace más de dos décadas, las comunidades continúan enfrentando condiciones precarias de acceso a servicios básicos y altos costos de energía, lo que evidencia una profunda desigualdad en la distribución de los beneficios del proyecto.
“Solicitamos la creación de una mesa técnica de alto nivel con un decreto supremo para que sean atendidas todas las demandas de la población del Bajo Urubamba, distrito de Megantoni. Es una triste realidad, que recién cuando pasen estas cosas nos tomen en cuenta”, indicó el jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Elvis Chorobeki.
Asimismo, los líderes indígenas recordaron que este incidente pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados a la operación de infraestructuras energéticas en territorios indígenas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y respuesta frente a emergencias.
La delegación del Bajo Urubamba señaló que la crisis energética generada por el incidente ha concentrado la atención pública en las ciudades, pero advirtieron que las principales consecuencias las enfrentan las comunidades que viven en el territorio donde ocurre la actividad gasífera. Por ello, hicieron un llamado al Gobierno, a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y a las autoridades competentes para que no se invisibilice la situación de las comunidades indígenas y se garantice una respuesta inmediata, integral y con enfoque de derechos.
“Estamos respaldando el pedido y la indignación de nuestros hermanos de COMARU, CECONAMA, organizaciones y autoridades locales. Estamos indignados porque los recursos los están sacando de nuestros bosques, pero cuando hay un incidente o derrame las autoridades no toman acción inmediata. Solicitamos al Ejecutivo y al Legislativo la creación inmediata de una mesa técnica para tomar acciones en temas de salud, educación y otros que nunca llegan a la Amazonía”, señaló el apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de las Selva Peruana (AIDESEP).
