La Comisión de Pueblos y las organizaciones indígenas nacionales iniciaron la elaboración de una Agenda Legislativa Indígena para fortalecer la defensa territorial y los derechos colectivos.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, presidida por la congresista Silvana Robles Araujo, sostuvo un primer evento con las ocho organizaciones indígenas nacionales del país para iniciar la construcción de una Agenda Legislativa propia.
El encuentro se desarrolló el viernes 21 de noviembre en el Auditorio “Alberto Andrade Carmona” del Congreso de la República, con la participación de representantes de pueblos amazónicos y andinos.
El encuentro tuvo como finalidad recoger de manera directa las propuestas de las organizaciones en un contexto marcado por decisiones políticas y normativas que, según los líderes indígenas, afectan sus derechos colectivos y buscan disminuir espacios institucionales de representación.
Desde el inicio, la congresista Robles destacó la urgencia de fortalecer un trabajo legislativo que coloque al centro a los pueblos indígenas. “Hemos demostrado una vez más que nuestros pueblos indígenas resisten, proponen y construyen camino hacia el futuro”, señaló.
Añadió que “la agenda indígena no puede seguir siendo tratada como algo secundario en el Congreso de la República”, y remarcó que por ello es fundamental mantener un espacio especializado como la Comisión de Pueblos, especialmente frente a los recientes intentos de reducir su ámbito de acción.
Otro de los puntos abordados dentro del encuentro fue el Proyecto de Ley 07496/2023-CR, que plantea la creación de la Gerencia Regional de los Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos en los gobiernos regionales.
Una iniciativa que busca reforzar la capacidad del Estado para atender de manera real las demandas de las comunidades indígenas.
“No queremos oficinas decorativas; queremos instituciones con presupuesto, personal y capacidad de decisión”, afirmó Silvana Robles.
Dicho proyecto de Ley incorpora funciones orientadas a implementar políticas interculturales y asegurar presencia estatal efectiva y pertinente en las regiones.
Temas priorizados
El encuentro permitió avanzar en la construcción de la Agenda Legislativa Indígena, con énfasis en la seguridad jurídica territorial y la titulación de comunidades, el reconocimiento legal de los Gobiernos Territoriales Autónomos y la institucionalización de las guardias indígenas.
También se priorizó el fortalecimiento de los sistemas propios de organización, la protección de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la obligatoriedad de la consulta previa para toda norma que pueda impactar sus derechos colectivos.
Las organizaciones coincidieron en que esta agenda debe construirse desde los territorios, garantizando la participación directa de las comunidades.
Pese a avances normativos recientes como la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, el dirigente nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Julio Cusurichi, recordó que la presencia estatal sigue siendo insuficiente y nula.
“Por muchos años hemos estado a espaldas de las autoridades. No hemos tenido políticas públicas que realmente atiendan las prioridades de los 55 pueblos indígenas (51 amazónicos y 4 andinos)”, remarcó.
Esto a pesar de que el Perú es un país multilingüe y pluricultural con compromisos internacionales sobre autonomía y autodeterminación como el Convenio 169 de la OIT, señaló.
Cusurichi destacó el rol fundamental de las comunidades en la protección del territorio. “Nuestro territorio, nuestras aguas y nuestra medicina están dentro del territorio, y por eso luchamos”.
“Más de 36 líderes indígenas han sido asesinados por defenderlo”, afirmó. Recordó también los aportes de los pueblos originarios con los compromisos climáticos del país.
“Hemos creado guardias indígenas, guardias forestales y veedores forestales. Eso debe ser reconocido por el Estado como un aporte no solo al Perú sino también a los compromisos internacionales”, añadió.
En su intervención final, la congresista Robles recogió las preocupaciones expresadas sobre la Ley 32293, que modifica la Ley 24657 (deslinde y titulación del territorio de comunidades campesinas), señalada por las organizaciones como una norma que vulnera derechos colectivos.
“Hemos sustentado que todos los proyectos orientados a su derogatoria deben ser remitidos a la Comisión de Pueblos para asegurar un análisis riguroso y con perspectiva indígena y campesina”, indicó.
Subrayó que este encuentro marca el inicio de una ruta permanente para asegurar que las prioridades de los pueblos originarios se traduzcan en propuestas legislativas concretas.
Al encuentro asistieron delegaciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
Así también la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARCP).
También participaron representantes del pueblo Shipibo-Konibo de Cantagallo, el congresista Pasión Dávila y la Federación de Nacionalidad Achuar del Perú.
Las organizaciones coincidieron en la urgencia de fortalecer la institucionalidad estatal, garantizar la protección territorial e incorporar plenamente la voz indígena en los procesos legislativos del país.
