La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) participó en la Audiencia Temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar la grave expansión del crimen organizado en el país y sus impactos en los territorios y poblaciones vulnerables.
En representación de AIDESEP, el dirigente nacional Julio Cusurichi expuso la crítica situación que enfrentan las comunidades amazónicas debido al avance del narcotráfico, la tala ilegal y otras economías criminales, actividades que continúan invadiendo los territorios indígenas y poniendo en riesgo la vida de las comunidades.
“Nosotros vivimos diariamente el flagelo del crimen organizado. La inseguridad ciudadana en nuestro territorio y en todo el país evidencia una crisis contra los derechos humanos. En nuestro territorio, el narcotráfico, la tala ilegal nos amenaza con fuerza y opera en las zonas donde vivimos los pueblos indígenas, mientras que el Estado ha abandonado su responsabilidad”, señaló Cusurichi durante su intervención.
La Audiencia también contó con la participación de Tania Pariona y Ricardo Soberón, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Julio Campos, representante del sector transportes; Judith Panca, empresaria de Gamarra; y María Ysabel Cedano, vocera de organizaciones feministas. Todas las intervenciones coincidieron en la necesidad de derogar las leyes que fortalecen o facilitan la acción del crimen organizado, debido a sus impactos sociales y territoriales.
Por parte del Estado peruano, asistió una comisión multisectorial, cuyas intervenciones se centraron en acciones que, según los participantes, siguen siendo insuficientes para contener la violencia y el crecimiento de las economías ilegales en el país.
Al cierre de esta audiencia, Pariona pidió que la CIDH incluya una recomendación específica para el Estado peruano orientada a promover investigaciones sobre la corrupción en el aparato estatal, incluyendo posibles vínculos de funcionarios con redes del crimen organizado. “Exhortar a poner fin a la criminalización de la ciudadanía y de defensores de derechos humanos, que ejercen legítimamente su derecho a la protesta frente a la inseguridad”, precisó la secretaria ejecutiva de la CNDDHH.
Los comisionados de la CIDH subrayaron que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos, poniendo especial atención al impacto desproporcionado que esta problemática tiene sobre pueblos indígenas, mujeres y otros grupos históricamente excluidos.
